La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León; las organizaciones profesionales agrarias (OPA) Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL, y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León han alcanzado un acuerdo sobre la aplicación en España de la futura Política Agrícola Común (PAC) que el Ejecutivo autonómico defenderá en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebrará en Madrid los próximos días 24 y 25 de julio y que tendrá por premisa fundamental que se garantice la partida presupuestaria que Castilla y León recibía en ejercicios anteriores.

En concreto, este acuerdo se refiere a pagos directos y ayudas acopladas, que suponen 925 y 250 millones de euros respectivamente, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería.

Según las mismas fuentes, en la elaboración de esta posición de Comunidad "se ha tenido en cuenta" el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, así como la moción aprobada por unanimidad con los votos a favor del PP, PSOE, IU y UPL en las Cortes de Castilla y León el pasado 8 de mayo.

La Junta ha recordado que la Comunidad "defiende la aplicación de un modelo nacional" de la PAC "siempre que garantice las singularidades de la Comunidad y que no se produzcan trasvases entre territorios o sectores". Por ello, tanto el Gobierno autonómico como el sector agrario consideran "una premisa fundamental" del modelo de aplicación de la futura PAC en España "que se garantice la partida presupuestaria que se venía recibiendo".

Asimismo, la Junta y el sector agrario consideran "necesario" que se unan los conceptos de agricultor y ganadero activos y de actividad agraria al aprovechar "la flexibilidad que permite la redacción de la propuesta de Reglamento".

"Es necesario", a juicio de la comunidad, establecer requisitos para "todos los futuros beneficiarios", con independencia de los pagos que reciban, como acreditar su afiliación a la Seguridad Social o al régimen fiscal que corresponda a la actividad. Respecto a la limitación de la superficie admisible, la Comunidad considera preciso limitarla "en torno a 21 millones de hectáreas", la cifra utilizada para determinar la convergencia externa entre los distintos estados miembros.

Regiones agronómicas

Asimismo, ha abogado por definir "de forma adecuada" el concepto de regiones agronómicas para que se tengan en cuenta "las distintas singularidades y la diversidad de los modelos productivos", lo que permitiría "aminorar el efecto de la convergencia interna y el trasvase entre territorios y sectores".

Además, el acuerdo defiende que la definición y delimitación de las regiones "debe efectuarse por la comunidad autónoma sobre la base de criterios comunes que se puedan establecer a nivel nacional".

La aplicación de esta convergencia se debe realizar, a juicio de los firmantes del acuerdo, "de forma progresiva" a lo largo de cinco años, y además "se debería establecer un porcentaje fijo" limitado de los pagos en el primer año de aplicación.

Respecto al rejuvenecimiento del sector, Castilla y León cree necesario "apostar por políticas novedosas" dirigidas a este objetivo. Además, se apuesta por destinar el dos por ciento de financiación que la propuesta de reglamento de pagos directos permite para este pago, así como "dirigir el mismo a los agricultores y ganaderos que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de ayudas a la incorporación de jóvenes en el segundo pilar".

Castilla y León apuesta por utilizar el porcentaje máximo de financiación para ayudas asociadas a determinadas producciones, en especial a la ganadería sin base territorial, con el fin de apoyar a sectores "con problemas específicos" debidos a la coyuntura económica actual, como el ovino-caprino, el vacuno de leche, el vacuno de cebo intensivo e incluso el vacuno de carne extensiva. También deben contemplarse, en virtud de este frente común, algunos sectores agrícolas con un "fuerte componente social" como el de la remolacha.

GREENING

El documento acordado entre la Junta y el sector también hace referencia al componente verde o 'greening'. Es necesario, según éste, analizar "ampliamente" las medidas propuestas para este pago y que no generen cargas adicionales para los agricultores y ganaderos.

En la elaboración de los nuevos Programas de Desarrollo Rural, desde Castilla y León se considera "imprescindible" incluir como medidas prioritarias las relacionadas con políticas estructurales, como son las dirigidas al relevo generacional y modernización de explotaciones, las líneas que permitan un incremento del valor añadido de las producciones agrarias, las inversiones en nuevos regadíos y la modernización de los existentes, el apoyo a las prácticas agroambientales y el apoyo a la investigación aplicada.

Además, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno autonómico y el sector, apuesta por buscar nuevos mecanismos de gestión de los mercados que "garanticen una adecuada respuesta a las situaciones cada vez más frecuentes e impredecibles que han de producirse en la evolución de los precios y la disponibilidad de materias primas".