El Gobierno vasco no asistirá por problemas de agenda a la reunión convocada por el Ministerio de Industria para abordar la situación creada tras la decisión de la Comisión Europea sobre el 'tax lease', si bien, según han informado fuentes del Ejecutivo autónomo a Europa Press, están en permanente contacto con el Ejecutivo central, que conoce la postura del gabinete de Iñigo Urkullu de cara a este encuentro.

La reunión, a la que estaban convocadas las comunidades de Euskadi, Asturias y Galicia, los sindicatos y las empresas, fue cerrada después de que el 17 de julio el Colegio de Comisarios acordara la devolución de las ayudas del sistema 'tax lease' entre los años 2007 y 2011.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que el lehendakari había manifestado su intención de participar en ese encuentro, si bien, por problemas de agenda, no podía asistir este lunes por la tarde y no ha sido posible, finalmente, cerrar una otra fecha. Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se encuentra "fuera" toda esta semana, por lo que tampoco podrá acudir.

El Gobierno, que ha negado que exista "ningún tipo de problema", ha señalado que está "en permanente contacto" con el Gobierno central y que el ministerio de Industria conoce el planteamiento del Ejecutivo vasco.

SEGURIDAD

El Gabinete de Urkullu ha trasladado al Ministerio que su objetivo es establecer y mantener el "mayor escenario de seguridad" de cara a los astilleros vascos y "poner en valor" el sistema aprobado desde el 1 de enero de 2013 para garantizar la financiación de los buques.

Asimismo, ha comunicado al Gobierno central que lo fundamental es que, desde el Ministerio, se diseñe un "plan específico" para el sector, de cara a garantizar su viabilidad futura.

Por otra parte, respecto a una posible judicialización de este tema, el Gobierno cree que habría que analizar con detalle la conveniencia o no de presentar un recurso.

En su opinión, una judicialización no sería lo que "más tranquilidad y garantía" daría al sector naval, si bien reconoce que es una "de las opciones" que existen, ya que la vía del recurso puede venir, no solo por parte del Estado español sino también desde otros países.

En todo caso, sí rechaza la posibilidad de solicitar una suspensión cautelar de la devolución de las ayudas por la situación de inseguridad que se podía dar. "Podría ser una escenario de recurso, pero sin suspensión cautelar de las devoluciones", han apuntado.