El Gobierno de Cantabria espera que en octubre ya se puedan autorizar provisionalmente las primeras viviendas en el Ayuntamiento de Miengo, que tendrá su plan general aprobado provisionalmente en agosto. Les seguirán Escalante, San Vicente de la Barquera, Piélagos y, por último, Argoños.

Así se lo ha comunicado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, a los representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), con los que ha tratado la Ley de Autorizaciones Provisionales de las viviendas con sentencia de derribo, que ha entrado recientemente en vigor.

El titular de Urbanismo ha asegurado que todas aquellas promesas que se habían hecho se mantienen íntegramente y ha transmitido a los representantes de AMA "tranquilidad y optimismo". El consejero ha manifestado que quieren seguir pidiendo las autorizaciones provisionales y quieren que los ayuntamientos las vayan tramitando y otorgando cuando los Planes Generales estén maduros y tengan el suficiente grado de concreción.

"Lo que no podemos es trasladarle a los jueces una patata caliente sin que el plan esté suficientemente claro en este punto", ha afirmado el consejero, quien ha insistido en que no se puede volver a meter a los jueces "en un atolladero" y ha dicho que hay que darles una solución bien hecha, que el plan tenga un grado de concreción suficiente y con la aprobación inicial ya realizada.

Mensaje de tranquilidad y optimismo

Fernández ha reiterado el mensaje de "tranquilidad y optimismo" porque cree que este instrumento va a servir para legalizar aquéllo que es "razonablemente legalizable". Asimismo, ha hecho un llamamiento a la prudencia para hacer las cosas bien. "Si hace falta demorarse unos meses para que la autorización provisional esté bien fundamentada, que el planeamiento esté suficientemente maduro, con el suficiente grado de concreción esperaremos", ha repetido, "lo que no hay que hacer es precipitarse y hacer las cosas mal, hagamos las cosas bien".

Durante su intervención ante los medios de comunicación, ha expresado su convencimiento de que, en el plazo de un año, ya tendrán solución muy buena parte de los supuestos que afectan a estas familias, unas 400 viviendas. "Creo que ya, en buena medida, habremos acabado con el sufrimiento de estas familias, que ya va siendo excesivo, pero hagámoslo bien, no nos precipitemos cuando estamos justamente al final del túnel", ha insistido.

Por su parte, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha manifestado que este nuevo marco jurídico permite, sobre todo a las instituciones, el poder trabajar con un instrumento que puede dar soluciones reales. "Nosotros pensamos que así va a ser, pero depende de la Sala de lo Contencioso Administrativo y, ponderando la situación con el principio de proporcionalidad, pues se pueda de una vez por todas acabar con una situación que tanto daño hace a muchas familias en nuestra comunidad", ha dicho.

En este sentido, Vilela ha pedido a las instituciones celeridad en la tramitación de sus planes generales porque "ahora hay un marco jurídico que permite trabajar con un instrumento que puede dar soluciones reales". Vilela cree que en el plazo de un año se pueden regularizar en torno a 400 viviendas "aunque siempre va a quedar limitado a los que diga la Sala de lo Contencioso Administrativo, lo que digan los jueces".

El representante de AMA cree que se puede dar un paso y un avance muy significativo "por eso", ha reiterado, "pedimos a los ayuntamientos y al Gobierno colaboración para que lo hagan lo más rápidamente posible".