El portavoz de Economía e Industria de FORO en la Junta General ha culpado este viernes al Gobierno asturiano y a los sindicatos CCOO y UGT de la emisión, por parte de la Audiencia Nacional, del fallo que legitimó el ERE de la empresa Santa Bárbara que incluía 600 despidos, casi 300 en la fábrica de armas de Trubia. Endiente que las centrales no hicieron una defensa jurídica adecuada y que el Ejecutivo autonómico mantuvo una actitud de "pasotismo".

En una nota de prensa, el diputada de Foro considera que "la sentencia supone un fortísimo varapalo a los sindicatos demandantes contra Santa Bárbara Sistemas, sin antecedentes en la jurisprudencia en términos tan duros, pues les acusa -indirectamente- de no haber representado ni defendido debidamente los intereses de los trabajadores, por no reclamar ni rebatir durante el período de consultas la información y documentación supuestamente justificativa del expediente de regulación de empleo (ERE)".

Según Martínez, "de lo contrario, entre líneas, la Audiencia Nacional considera que se hubiera podido acordar la nulidad del ERE, lo que, al menos durante un tiempo, hubiera supuesto el mantenimiento de las condiciones laborales existentes con anterioridad a la presentación del ERE".

Así, matiza que "la sentencia estima la excepción alegada por Santa Bárbara de falta de legitimación pasiva de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CIF, sindicatos a los que excluye del proceso y no los tiene como parte -únicamente mantiene la legitimación de CGT y CIG, que eran los demandantes-, reconociendo que, aunque ostentaban un interés legítimo innegable, no tenían derecho a personarse en un pleito en el que ni eran demandantes ni demandados, pudiendo haber presentado ellos también la demanda, lo que no hicieron".

El parlamentario forista añade además que el fallo "reconoce que la empresa incumplió varios requisitos formales de entrega de parte de la documentación e información legalmente exigible, susceptible de conllevar la nulidad del ERE, como denunciaban los demandantes, pero considera que, al no haberse reclamado dicha documentación durante el ERE, ni haberse denunciado en el período de consultas su ausencia como propuso reiteradamente FORO, no podía después pretenderse la nulidad".

Finalmente, José Antonio Martínez concluyó que "a la vista del contenido tan contundente de la sentencia de la Audiencia Nacional, queda demostrado que con una mayor colaboración del Principado con los sindicatos, incluso a través de los servicios jurídicos propios, se hubiera podido defender de una mejor manera los intereses de los trabajadores afectados por el fraudulento ERE de Santa Bárbara".