El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, se ha referido este martes al hecho de que la Fiscalía le haya pedido siete meses de cárcel por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, y ha asegurado que el caso "se quedará en nada", así como que no cree en el "circo y teatro de la justicia" española.

Hay que recordar que la Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado siete meses de cárcel para Cañamero, el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y otros dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, por un delito de desobediencia grave.

En declaraciones a Europa Press, Cañamero asegura que los jueces "actúan así porque hay consignas políticas", ya que no cree que una ocupación "pacífica", como según él fue la de 'Las Turquillas', llegue a "tales extremos".

"no hicimos daños irreparables"

Según el militante del SAT, la ocupación se realizó para conseguir que la finca cumpliera una función social, "que los vecinos trabajaran esa tierra y la provincia exportara productos de la zona". Así, Cañamero declara que la petición de la Fiscalía "no tiene sentido", ya que "no hemos hecho daño, ni destrozando nada" de la finca.

"Si a nosotros nos piden siete meses de cárcel, a los banqueros y empresarios tendrían que ponerle cadena perpetua", añade Cañamero, quien también señala que otras personas "ocupan vías pecuarias y no hay ninguna denuncia contra ellos" y que, incluso, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil "sabe quiénes son".

El dirigente del SAT ha reiterado ser un "insumiso judicial", tal y como ha asegurado en otras ocasiones anteriores, y que existen "dos varas de medir, una para los ricos y otra para los pobres".

La acusación de la fiscalía

En su escrito de acusación, y además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el conjunto de los acusados —un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT— el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.

Por otra parte, el Ministerio Público pide también que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.

La petición del fiscal se ha conocido después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.