Los datos revelan además que por cada 1.000 asalariados, 40 solicitaron en los últimos doce meses una incapacidad laboral por contingencias comunes, lo que supone que el 25% del gasto sanitario público se destina a pagar las bajas de los trabajadores, la mayor partida tras las pensiones y la asistencia sanitaria.

Mayor control

Para hacer frente a esta situación, la Seguridad Social controlará muy de cerca la concesión de bajas en las cuatro provincias gallegas, dentro de un plan que también afecta a otras diez provincias españolas.

Si hasta ahora la decisión de prorrogar los permisos médicos estaba en manos de las mutuas, este año la Seguridad Social asumirá en exclusiva la competencia para determinar la prórroga o el alta médica, una vez transcurrido el plazo de doce meses de duración de la baja.

Cumplido ese periodo, se podrá reconocer la ampliación de dicha situación por un máximo de seis meses más; después, se iniciará un expediente de incapacidad. La intención de la Seguridad Social al retomar el control es mejorar el proceso y frenar la sangría económica que supone la incapacidad laboral transitoria –bajas por enfermedades comunes.

Un dato positivo: el control que la Administración central realiza conjuntamente con las comunidades autónomas ha permitido que el gasto en estas partidas haya caído en picado: pasó del 13% en el 2004 al 10,58% en el 2005 y al 5,45% en el 2006.

La mala salud cuesta 100 millones

Las bajas laborales por enfermedad les costaron a las empresas gallegas unos cien millones de euros el pasado año. Mientras que el número de accidentes laborales, sobre todo graves, se reduce, las contingencias comunes, como las gripes, los ataques de estrés y los dolores de espalda aumentan cada año. La mayor parte de estos procesos salen casi gratis a la Seguridad Social, ya que el 61% del total no supera los 15 días, por lo que los empresarios se hacen cargo de la parte de los salarios a pagar durante la baja.