El Consell de Govern ha aprobado este viernes el Plan Hidrológico de Baleares (PHIB) de 2013, que asume un compromiso de inversión de 2.670 millones hasta 2027, y que habrá de ser ratificado por el Consejo de Ministros, según pretenden, antes de que acabe este año.

Así lo han anunciado, en rueda de prensa, el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, y la portavoz del Ejecutivo autonómico, Núria Riera, quienes han explicado que este plan pretende regir la "preservación y el aprovechamiento" del "dominio público hidráulico" de la Comunidad.

Company ha explicado que el Plan brinda "máxima protección" a las zonas húmedas pero, ha señalado que para las zonas húmedas potenciales se cumplirá lo que dice la Ley de Aguas y no como hacía el Pacte, que "no la cumplían".

Cabe destacar que dentro estos 2.670 millones (que en parte serán de fondos del Estado y de la Unión Europea) se destinarán, entre otras actuaciones, a crear instalaciones para evitar perdidas de aguas, para depuradoras y desalinizadora (en Ciutadella y Santa Eulàlia) o para enlazar la zona de Llevant.

Así, la normativa establece que los campos de golf únicamente se podrán abastecer con agua regenerada o desalada para, por una parte, intentar rentabilizar las desalanizadoras, que actualmente trabajan a "un ritmo bajo o muy bajo", según ha explicado Company.

En términos generales, el PHIB es el marco normativo según el cual se rige, de manera complementaria, "la preservación y el aprovechamiento del dominio público hidráulico, se especifican las posibilidades" de acceso a este recurso, las "obligaciones respecto a su preservación" y se orientan "las iniciativas de los municipios y de los sectores interesados".

Sus objetivos, según han detallado, son garantizar el buen estado ecológico del dominio público hidráulico, satisfacer la demanda de agua y proteger su calidad; equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y fomentar un uso racional del recurso.

Company ha aseverado que, además, es un Plan realista porque, entre otros factores, se ajusta a la normativa básica estatal sobre la materia (Directiva marco del agua del 2000, la Ley de aguas de 2001, la Directiva de inundaciones de 2007 y la Regulación de la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro).