La Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) ha remitido a la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació un escrito en el que acepta la personación en el expediente sancionador 345/12, en el que se resuelve "imponer a Reyval Ambient S.L. una sanción total de 122.000 euros", según informa la asociación ecologista en un comunicado.

Según No a la Contaminació, la sanción acumula más de un incumplimiento de la legislación y de las resoluciones de la propia Conselleria de Infraestructuras Territorio y Medioambiente, "al no hacer caso de la paralización de la actividad en el vertedero impuesta por resolución de la DGCA en julio de 2012 y que solo las repetidas denuncias de la Plataforma, consiguieron que la actividad se paralizara en noviembre de 2012".

Además, según el colectivo, se constató en las inspecciones realizadas a raíz de las denuncias que "los residuos que se vertían sin autorización en el vertedero tampoco cumplían los requisitos de inertización requeridos y se estaban entrando camiones de tierra de la mina del Charco para tapar las evidencias, lo que ya era habitual desde hacía mucho tiempo".

Por todo ello, la Plataforma y la Asamblea Ciudadana contra la incineradora e congratulan de que "al final se haga cumplir la ley y se sancione a quien no la cumpla, haciendo verdad el lema de la legislación de 'quien contamina, paga'". "Esperamos que sirva de ejemplo para navegantes cualquier manipulación de residuos peligrosos que, por su naturaleza, representan, en su mala gestión, un riesgo para la salud de la población que se debe evitar a toda costa".

También confían en que el recurso que "de seguro" va a presentar la empresa contra esta sanción "se resuelva favorablemente en el sentido de que se mantenga la sanción y se le haga pagar también los efectos negativos en la calidad de las aguas subterráneas y superficiales que supone el vertido de residuos peligrosos junto al barranco del Regatell".

Ambos colectivos exigen la retirada de los residuos peligrosos "mal inertizados" del vertedero y la restauración completa del mismo a su estado anterior, y han aclarado que no están de acuerdo en que se ejecute el proyecto de clausura "si no incluye la eliminación física de los residuos peligrosos depositados en el vertedero, para lo que no dispone de autorización".