El sector naval español y de Galicia (donde se concentra más del 60 por ciento de esta actividad industrial) vive este jueves una jornada decisiva, con la reunión que mantendrá una delegación española, encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, con el comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, en relación con el expediente del conocido como 'tax lease'.

En el encuentro, que tendrá lugar a las 11.00 horas en Bruselas, estarán presentes los presidentes de las comunidades de Galicia, Asturias y Euskadi, además de representantes de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) y los secretarios generales de CC.OO. y UGT.

El sector apelará a razones jurídicas (la aplicación de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica) y económicas (el riesgo de desaparición de toda una industria) para tratar de convencer al comisario Almunia de que reconsidere su propuesta inicial de devolución de las bonificaciones fiscales aplicadas en la contratación de barcos desde 2005 al 2011, año en que este sistema quedó suspendido por una denuncia de un astillero holandés.

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha señalado en una entrevista en la COPE, recogida por Europa Press, que los astilleros gallegos se limitaron a "cumplir la ley" cuando aplicaron esas bonificaciones. "Es muy difícil entender que la Comisión Europea pida la devolución de esas ayudas", ha apuntado.

Conde ha mostrado su esperanza de que haya una "rectificación" por parte de Bruselas, porque están en riesgo 14.000 empleos (más de 85.000 en toda España), y "no se justifica" la pérdida de un "sector competitivo". Asimismo, ha pedido que este expediente sea tratado con las mismas condiciones con las que se tramitó el expediente abierto a Francia, a la que no se requirió la devolución de bonificaciones.

Pérdida de armadores

Por otra parte, al igual que ya han advertido patronal y sindicatos, el conselleiro ha subrayado que el hecho de que las devoluciones no recaigan sobre los astilleros sino sobre los armadores y estructuradores, no suaviza el problema, porque "significaría que los armadores dejarían de usar España como mercado para comprar barcos". "Cualquier devolución abocaría nuestro sector a su desaparición, no sería justo ni razonable", ha concluido.

En caso de que la resolución final del Colegio de Comisarios, que se conocerá el próximo 17 de julio, fuese negativa para el naval, Francisco Conde ha avanzado que no se descarta recurrir a los tribunales pero ha precisado que, mientras, los astilleros podrían cerrar, por lo que tampoco sería la solución.

PATRONAL

En esa línea, diferentes organizaciones patronales del sector, como Pymar o Asime, ya han advertido de que la resolución avanzada por Almunia implicaría un "daño irreparable" a la industria naval. De hecho, Asime ha confirmado que los astilleros vigueses tienen al menos diez comunicaciones de armadores que han manifestado su intención no volver a contratar barcos en España, en caso de que la UE decida "cualquier tipo de devolución" de las bonificaciones del tax lease.

La patronal calcula que, en los últimos años, se han perdido más de medio centenar de contratos debido a la "inseguridad jurídica" planteada por la suspensión del tax lease y porque el nuevo sistema puesto en marcha "no es una herramienta eficaz" hasta que no se resuelva el expediente abierto. Asime incluso ha concretado que, desde que Almunia insinuó la posibilidad del reembolso de ayudas, España ha perdido 14 contratos, de los que 6 podrían haberse firmado en astilleros de la ría de Vigo.

SINDICATOS

Los sindicatos CC.OO., CIG y UGT han subrayado que la decisión del Colegio de Comisarios es una decisión "política" y han instado a las administraciones a que "llamen a la puerta" del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. En ese sentido, han advertido de que se puede hacer una "recopilación" de la documentación presentada hasta ahora, pero creen que "los argumentos jurídicos están todos puestos sobre la mesa".

Además, han recalcado la importancia del naval en una comarca como Vigo, con tasas de paro de entorno al 27 por ciento, y han augurado que, si no se reanuda la actividad del sector, esa tasa podrá superar el 30 por ciento en poco tiempo. Las centrales sindicales defienden que, en el actual contexto económico, la construcción naval es una de las pocas actividades que tiene capacidad para generar puestos de trabajo.

Tras dos años de espera después de la apertura del expediente del tax lease, los representantes de los trabajadores confían en que la presión política y, sobre todo, la presión social, puedan hacer cambiar de opinión a Bruselas. Durante las últimas semanas han realizado actos de protesta y manifestaciones para sensibilizar a la ciudadanía y a los poderes públicos de la importancia de un sector que califican de "estratégico".

Así, para este jueves están previstas nuevas movilizaciones: por la mañana, habrá un paro parcial en los astilleros de Galicia, Euskadi y Asturias, y concentraciones de trabajadores; por la tarde, saldrán varias manifestaciones, de las que se espera que la más multitudinaria sea la que se celebre en Vigo, desde las 20.00 horas, con recorrido de Plaza de España a la delegación de la Xunta.