Las denuncias presentadas en la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) han aumentado un 52% en lo que va de año respecto a 2011, según su director Daniel de Alfonso, quien este miércoles ha comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán.

El director de Antifraude ha presentado la memoria de 2012, cuando recibió 145 denuncias de las que tres fueron remitidas al Ministerio Público al encontrar indicios de delito. Desde que se creó este organismo, hace ahora cuatro años, ha recibido 551 denuncias, de las que once han sido enviadas a la Fiscalía.

De Alfonso ha destacado que las quejas han aumentado un 52% en lo que va de año respecto a 2011 y que el volumen económico de las denuncias investigadas durante los últimos seis meses asciende a 84,7 millones de euros. El 64% afectaban ayuntamientos y un 15%, a la Generalitat.

Las infracciones y las irregularidades en materia de urbanismo y de contratación pública han motivado dos terceras partes de los expedientes instruidos. Es por ello que ha abogado por aplicar reformas legales y estructurales, como la creación de un organismo que supervise la contratación pública, no sólo de la Generalitat sino también de administraciones locales.

Asimismo, bajo su mandato se han abierto 516 investigaciones, a las que deben sumarse las 49 que ya estaban en curso cuando tomó posesión del cargo tras la muerte repentina de David Martínez Madero en enero de 2011 y que, sumada a la convocatoria de elecciones, generó "cierta paralización" durante medio año en la institución, aunque ha recuperado el ritmo "con creces". De todas ellas, se han finalizado 96 y 71 siguen abiertas aunque muchas de ellas están a punto de cerrarse.

Además de los once casos remitidos a la Fiscalía, otros cinco se han notificado a las autoridades administrativas competentes, como la Sindicatura de Cuentas o la Delegación del Gobierno, entre otras. Otros 32 expedientes han sido archivados, 22 se han traducido en recomendaciones para mejorar la transparencia y se han elaborado 50 expedientes razonados.

Para De Alfonso, la Oficina, que ha visto como su presupuesto se ha reducido de seis a cuatro millones y medio de euros en dos años, es el "órgano de control que vela por los intereses de los ciudadanos" y, además, de las investigaciones trabaja en la prevención.

En ese sentido, ha destacado las 66 formaciones impartidas a más de 800 personas sobre gestión de riesgos de corrupción, responsabilidad directiva, liderazgo ético y análisis de riesgo de mala praxis en administraciones públicas —como las consejerías de Territorio y Presidencia, ayuntamientos y diputaciones—, universidades y el sector privado, así como la colaboración con otras instituciones.