El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha firmado un convenio de colaboración junto con la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, y el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, para que "ninguna familia de la Comunitat se quede sin techo" por el lanzamiento de la vivienda ante una ejecución hipotecaria. El objetivo del convenio firmado es el de minimizar los daños sociales que se producen por los desahucios.

La firma del convenio ha tenido lugar este lunes en el Palau de la Generalitat y a ella también han asistido el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano; la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, la Fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, y distintos alcaldes.

Fabra considera que es momento de "reforzar los recursos y los esfuerzos" para crear un marco "necesario que garantice que ninguna familia en la Comunitat se va a quedar sin techo". Este convenio, según el jefe del Consell, demuestra que los organismos públicos son capaces de seguir trabajando de forma "coordinada" para que las personas se sientan "protegidas y tuteladas" por parte de los representantes públicos.

El presidente de la Generalitat ha destacado que hay que administrar la ley, pero hay que hacerlo "de forma sensible" acorde a la situación de los ciudadanos y ser conscientes de la coyuntura económica que se vive. "Trabajamos para que los más vulnerables tengan la cobertura de las administraciones y del poder judicial para que sepan que no se van a quedar sin techo", ha insistido.

Fabra considera que los representantes público deben ser "sensibles" con lo que sucede en la sociedad y este convenio es un "claro ejemplo", porque "se ha detectado un problema y todos se han puesto a trabajar de forma conjunta y coordinada".

El presidente ha señalado que las administraciones públicas tienen que demostrar la cara "sensible, responsable y social" con el objetivo de resolver los problemas de los ciudadanos. Este convenio es un "claro ejemplo" porque hay un compromiso de trabajar de forma "responsable, sensible y coordinada para evitar que los más vulnerables puedan sufrir más de lo necesario" en los procesos judiciales referentes a cuestiones hipotecarios. Fabra ha indicado que con el convenio se genera un nuevo escenario con "una mayor protección y garantía" para los ciudadanos.

El jefe del Consell ha recordado que la Comunitat fue "sensible hace tiempo" cuando se creó el Plan Extraordinario de Alquiler de Interés Social para las personas más necesitadas; en llegar a un acuerdo con una entidad financiera para que pusiera parte del parque de sus viviendas a disposición de distintas personas; y también se ha trabajado de forma conjunta con más de 70 ayuntamientos para ofrecer a los ciudadanos las viviendas procedente de la Red Alquila y del Ivvsa.

Hasta el momento se han puesto a disposición de las personas más de 2.055 viviendas a través del Plan Extraordinario de Alquiler de Interés Social y con el conjunto de viviendas programadas "se pretende alcanzar más de 4.000 viviendas", ha adelantado.

De rosa:

"los ciudadanos no van a estar solos"

El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ha asegurado que los ciudadanos "no van a estar solos y se les va a ayudar desde los juzgados, servicios sociales desde los ayuntamientos y las distintas consellerias" ante los procesos judiciales hipotecarios.

De Rosa ha reconocido que los jueces "no pueden evitar los desahucios", pero hay que aplicar la ley desde "un punto de vista social y desde ahí se puede colaborar a que el impacto sea menor para las personas afectadas". Con ello se puede lograr que acudan a los servicios sociales para que "les puedan ayudar y les protejan" ante un lanzamiento de vivienda.

El vicepresidente del CGPJ cree que convenios como éste "es lo que los ciudadanos estaban exigiendo". "Nos piden que trabajemos juntos para ayudarles en un momento en el que muchas personas han visto alterado su patrimonio por situaciones hipotecarias", ha reconocido. En 2012, en toda España, el número de lanzamientos en los juzgados llegó a 101.034 de los que 43.858 fueron ejecuciones hipotecarias y de los que 39.000 de estos afectaron a la vivienda habitual.

De Rosa ha agradecido a los jueces que "lazaron la voz de la alarma" a la sociedad porque se está ante "un problema social y los jueces somos un observatorio social", ha agregado. "La sociedad empezó a reaccionar y los poderes públicos también", se ha felicitado.

El protocolo de actuación del convenio distingue dos posibles vías de actuación: por procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual, o por procedimientos de desahucio de vivienda habitual por falta de pago de renta. En el primer caso, el juez adoptará las medidas oportunas en caso de que no se haya informado de manera "clara y veraz". En el caso de que haya situación de vulnerabilidad se dará traslado a la Conselleria de Bienestar Social. Incluso se podría decretar la suspensión del lanzamiento, nunca superior a diez días, para que los servicios sociales hagan una valoración.

Una vez analizado el caso se puede solicitar la intervención del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) y concurren los requisitos para su inclusión en el programa de realojos.

Preocupación de muchos ayuntamientos

La presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, ha señalado la "preocupación de muchos alcaldes por la situación —de los desahucios— y de cómo darle solución". Bastidas considera que el convenio es "parte de esta solución que se están demandando por parte de la sociedad".

Bastidas ha manifestado que el acuerdo sirve para "paliar en la medida de lo posible los efectos negativos de la crisis" y de los lanzamientos de viviendas familiares por desahucios.

Por su parte, el director general de Justicia y Menor, Antonio Gastaldi, ha señalado que el convenio que se ha firmado es "un símbolo de colaboración entre distintos poderes y la plasmación efectiva de las políticas de justicia social de la Comunitat".

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