El Gobierno de Canarias ha tomado este viernes en consideración el Anteproyecto de Ley de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) durante 2013, que tiene por objeto que los ayuntamientos puedan destinar parte del fondo al pago a proveedores o en su defecto a inversión o a ayudas sociales.
El Ejecutivo, además, ha acordado solicitar, con carácter de urgencia, el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, ha detallado en rueda de prensa su portavoz, Martín Marrero.
El régimen excepcional previsto en este anteproyecto de ley ha sido consensuado con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en el seno de la Comisión de Seguimiento del Fondo Canario de Financiación Municipal.
El texto legislativo consta de un artículo único en el que se contempla una medida coyuntural, aplicable exclusivamente al ejercicio 2013, para propiciar que los ayuntamientos menos endeudados y con mayores índices de saneamiento económico-financiero puedan destinar la parte del dinero correspondiente a saneamiento —el 50 por ciento del FCFM—, por este orden, a la cancelación de la deuda comercial a 31 de diciembre de 2012, a inversión o a ayudas de emergencia social. El fondo en 2013 asciende a 204.467.570,52 euros, por lo que el 50 por ciento de saneamiento o inversión equivale a 102.233.785,26 euros.
El objetivo de este anteproyecto de ley es apoyar el esfuerzo de saneamiento realizado por determinadas corporaciones municipales canarias. También se persigue lograr efectos directos en el ámbito socioeconómico de las islas, ya que propicia que las empresas proveedoras, contratistas o prestadoras de servicios ganen en liquidez y competitividad.
Esta medida pretende, asimismo, estimular la inversión pública y que se pueda beneficiar de ella la población más desfavorecida, a través de la aplicación del fondo a ayudas de emergencia social.
Según Marrero, el FCFM distribuye cada año unos 205 millones de euros entre los 88 ayuntamientos. El acceso y posible destino del dinero para la mitad de estos fondos están ligados al cumplimiento de tres parámetros que sirven para medir la salud de las cuentas públicas: ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.
La otra mitad está ligada al cumplimiento de indicadores que miden el grado de corresponsabilidad fiscal: gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal.
Para poder acogerse a esta nueva opción, los ayuntamientos deberán haber cumplido con el requisito legal establecido para remanente de tesorería y el endeudamiento a largo plazo y, también, deberán carecer de deuda viva o tener una cuantía inferior a la que les corresponde por el reparto del fondo destinado a saneamiento para este año.
SANEAMIENTO
En el caso de la mitad ligada a los parámetros de saneamiento, hasta ahora, los ayuntamientos debían cumplir los mínimos exigidos por la ley en los tres indicadores para poder destinar ese dinero a inversión pública.
Con el cambio que se pretende aplicar ahora, se rebaja este requisito en caso de incumplir con el indicador de ahorro neto —el más complejo en tiempos de crisis— siempre y cuando se haya respetado lo requerido para remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.
El Gobierno de Canarias ha solicitado el informe urgente del Consejo Consultivo ya que se trata de una iniciativa cuya eficacia queda condicionada al momento de su aprobación y resulta "crucial" que entre en vigor lo antes posible.
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