"Entre la hipoteca, la luz, el gas y el agua nos quedan apenas 70 euros para pasar el mes y con eso no nos da ni para comer. Si encima tenemos que pagar 25.000 euros, no sé cómo vamos a sobrevivir".

Así de preocupada se ha mostrado Nieves Pozuelo, una valenciana de 62 años a quien la Conselleria de Bienestar social le reclama 25.000 euros que, según la administración, cobró indebidamente. Sin embargo, Pozuelo recurrió esta deuda ante la justicia y ya se ha celebrado el juicio. Pese a que está a la espera de la sentencia, la afectada denuncia que la administración le sigue "acosando" con cartas para haga efecivo el pago. La última la recibió el pasado martes, tal y como muestra en la imagen.

Pero, ¿cuál es el origen del problema? Según ha explicado Nieves a 20 minutos, en el año 2002 le concedieron una pensión por invalidez de 347 euros: "Tengo reconocida una minusvalía del 67% porque padezco fibromialgia".

Todo iba bien hasta que, en el año 2007, le concedieron a su marido, Bernabé Coleto, otra pensión por invalidez por la que cobra 624 euros. Sin embargo, según Bienestar Social ambas son incompatibles y, en el momento en el que su marido empezó a cobrarla, ni desde la administración le retiraron a Nieves su prestación ni ella sabía que la estaba cobrando de forma presuntamente indebida.

Solo se enteró del problema cuando, en 2011, le reclamaron 18.000 euros correspondientes a lo ingresado entre 2007 y 2011 más 7.000 euros de intereses de demora. Además, pretenden embargarle el 50% del piso.

Una situación que la ha sumido tanto a ella como a su marido en un terrible estado de incertidumbre y depresión: "Comemos gracias a la ayuda de la iglesia y entidades benéficas y no sabemos qué va a ser de nosotros", afirma Nieves desolada.

Según han explicado los afectados, durante el juicio, el abogado de la Generalitat defendió que Nieves y Bernabé superan los límites establecidos para poder cobrar dos pensiones y que ella estaba obligada a comunicarlo. Sin embargo, la letrada de oficio de la pareja argumentó justamente lo contrario, que ambos tienen derecho a cobrarlas. Los familiares de Nieves han colgado su caso en www.change.org para recoger firmas con el objetivo de que quede exenta del pago.