El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha citado para el próximo jueves 11 de julio en Bruselas a los representantes de las comunidades de Galicia, Asturias y País Vasco, las más afectadas si se materializa la devolución del 'tax lease', y al ministro de Industria, José Manuel Soria.

Fuentes de la Xunta han informado a Europa Press de que esta tarde han recibido una carta del Ministerio de Industria en la que se les informa de que la nueva fecha para la reunión ha quedado fijada para el jueves de la próxima semana, una vez que Almunia canceló este martes el encuentro que se había prefijado para este miércoles.

La confirmación de la nueva fecha llega, precisamente, después de que este miércoles Almunia haya dicho que todavía hay "margen" para reconsiderar su decisión de obligar a España a devolver las ayudas públicas concedidas a los astilleros, pero sólo si el Gobierno presenta "nuevos argumentos".

"Estamos a día 3, la decisión está incluida en la agenda del colegio de comisarios del día 17 y hay margen, en la medida en la que haya argumentos para que ese margen pueda ser utilizado", ha anunciado Almunia en rueda de prensa.

CAUTELA

El sector naval gallego ya ha replicado que "por argumentos jurídicos no va a quedar", aunque se ha mostrado cauteloso ante los matices introducidos por Almunia.

Así, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Cluster del Naval de Galicia (Aclunaga), Fernando Alcalde, ha señalado que las palabras del comisario deben ser interpretadas con "prudencia" y ha recalcado que, aunque el sector considera que ya se han aportado suficientes documentos que avalan la posición española, están "dispuestos a ampliar la documentación que haga falta".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se trasladará a Bruselas, ha argumentado en varias ocasiones que los astilleros españoles "han cumplido las leyes" y que "ya es suficiente castigo" la indefensión a la que, a su juicio, han sido sometidos desde que se inició el expediente. En su opinión, hay "argumentos jurídicos sólidos" y se trata de una posición basada en "principios legales".