La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado con el alcalde de la localidad sevillana de Dos Hermanas, Francisco Toscano, la adhesión del Ayuntamiento al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, lo que convierte a este municipio en el de mayor población en sumarse al Programa. La oficina provincial de Sevilla de dicho Programa ha contribuido a evitar 495 desahucios en sus primeros ocho meses de funcionamiento. Desde su apertura, la oficina ha recibido 1.243 visitas, abriendo un total de 669 expedientes. De ellos, 495 en el área de intermediación.

"Son personas que ya han entrado en mora con la entidad financiera, y por lo tanto están en mayor o menor riesgo de desahucio, y que acuden a nosotros para evitar que se produzca el desalojo y pierdan su vivienda. En todos los casos estas familias permanecen en sus hogares, con lo que cumplimos el objetivo de evitar desahucios que nos marcamos cuando pusimos en marcha esta iniciativa", ha señalado la consejera, según un comunicado.

En Sevilla se han adherido ya 27 municipios, de un total de 206 en toda Andalucía, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Según una nota, Cortés ha agradecido a Toscano, "su compromiso con las víctimas de la crisis" por la adhesión al Programa, que entró en vigor en octubre del año pasado y que, hasta el 31 de mayo, "ha demostrado día a día que la que la resignación de las administraciones frente a los desahucios no estaba justificada y que sí hay alternativa a las políticas conformistas".

"Este Programa supuso una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras, ya que entre ellas existe un abismo de estatus y de privilegios que hace inaceptable la equidistancia de las administraciones", ha destacado Cortés, que ha animado al resto de municipios sevillanos y a la Diputación a adherirse al Programa para "ampliar y fortalecer el bloque institucional contra los desahucios en Andalucía".

La oficina de Sevilla ha atendido 669 casos: 112 de ellos en el área de prevención, 495 en la de intermediación y 62 en la de protección. La atención en la fase de prevención, que se presta cuando aún no existe morosidad, fue solicitada por familias que "temen no poder afrontar las cuotas hipotecarias en breve, o por otras que, antes de firmar su contrato, quieren saber a qué se exponen", ha explicado Cortés, que ha detallado que estas personas reciben "información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda".

Cortés ha advertido que, en el área de prevención, los funcionarios que asisten estas oficinas han detectado que aún se firman contratos con cláusulas abusivas, algo "inaceptable". La consejera ha subrayado que la sentencia del Tribunal Supremo anulando las cláusulas suelo de BBVA, Cajamar y Novagalicia "debe aplicarse ya a todas las entidades financieras sin excepción".

En la fase de intermediación han acudido a las oficinas 495 familias, que se mantienen en sus viviendas gracias al asesoramiento temprano de los funcionarios de la oficina, o bien a negociaciones con las entidades financieras que han desembocado en forma de soluciones como renegociaciones del préstamo, carencias, daciones en pago con o son alquileres sociales o reestructuraciones de deuda, entre otras.

"Son soluciones paliativas, que evitan que las familias pierdan su casa. La solución a los problemas de fondo de estas familias la tiene el Gobierno central, que puede actuar sobre la legislación estatal y rechaza hacerlo", ha apuntado Cortés, que ha afirmado que la Consejería de Fomento y Vivienda está "exprimiendo al límite sus competencias" contra los desahucios, tanto con estas oficinas como con el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda.

"Tanto este Decreto como la sentencia de abril del Tribunal de Luxemburgo hacen más fuerte este Programa contra los desahucios, al proporcionarle más herramientas de defensa a las familias", ha incidido Cortés. La consejera ha afirmado que las oficinas constituyen "la puerta de entrada" de las familias que pretenden acogerse a la expropiación del uso de las viviendas que les hayan sido embargadas por lo bancos, al objeto de evitar su desahucio.

El recurso ante el tc "no tiene ni pies ni cabeza"

"En los casos en que cumplan los requisitos socioeconómicos establecidos, iniciaremos los trámites para expropiar temporalmente las viviendas y ofrecer un respiro a las familias que, de ser desahuciadas, quedarían en situación de exclusión social", ha explicado Cortés, que ha instado al Gobierno central a "desistir" de la presentación del recurso ante el Constitucional, que "no tiene ni pies ni cabeza".

En la fase de protección, han acudido a la oficina 62 personas. En estos casos, la mediación de la Consejería abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta solicitar a los servicios sociales de los Ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional. A ello se suma la posibilidad, en caso de que se cumplan los requisitos, de que las familias se beneficien de la expropiación temporal del uso de sus viviendas.

"Además de estas oficinas, que ofrecen una atención paliativa, exprimimos nuestras competencias para atacar la raíz del problema", ha señalado Cortés, que ha afirmado que ésa es precisamente la pretensión del Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. "En la provincia de Sevilla hay casi 130.000 viviendas vacías, una cifra inasumible desde todos los puntos de vista", ha señalado, toda vez que ha recordado que el Decreto-Ley establece sanciones para bancos e inmobiliarias que no pongan en alquiler sus viviendas vacías, así como incentivos para personas físicas. "Pretendemos modificar el comportamiento del mercado, y hacer que haya más vivienda en alquiler a precio asequible", ha concluido la consejera.