El Pleno de la Asamblea de Ceuta ha dado su visto bueno definitivo con los votos a favor del PP y el primer grupo de la oposición, la coalición Caballas, a la nueva ordenanza reguladora de la Cédula de Habitabilidad, una norma con la que los propietarios de viviendas fuera del ordenamiento urbanístico que cumplan "determinados requisitos técnicos" podrán acceder a suministros básicos legalmente de forma "excepcional" y "provisional".

La Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma no descarta presentar un recurso contencioso-administrativo en los Juzgados contra el contenido de la ordenanza, una vez tenga conocimiento oficial de su contenido y lo revise, si contraviene la gestión de una competencia, la urbanística, que en Ceuta sigue en manos del Estado.

El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, ya presentó una alegación a su redacción original en la que instaba al Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) a "detectar, corregir y, en su caso, sancionar" a los propietarios de viviendas sin licencia para no "consolidar su situación".

La Administración local ha estimado parcialmente su postura y ha hecho "más restrictivo" el texto final de la ordenanza, que la consejera de Fomento, Susana Román, ha defendido como una forma de "adaptar" la normativa vigente a "las singularidades" del Parque de Viviendas de Ceuta, con cientos de casas "construidas sin licencia previa de obras, susceptibles de legalización o no; que se encuentran fuera de ordenación; y cuya existencia carece de control técnico, administrativo o registral" pero cuyos moradores "requieren de determinados suministros básicos respetando la legislación urbanística vigente".

A partir de ahora, los propietarios de viviendas fuera de ordenación podrán ver autorizada, "con carácter excepcional, la contratación provisional de los servicios básicos de las compañías suministradoras "hasta que se apruebe el instrumento de desarrollo de planeamiento urbanístico que le sea de aplicación y en todo caso con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", actualmente en fase de elaboración.

Para conseguirlo hará falta un informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Asamblea que avale "las circunstancias urbanísticas de la edificación" y sólo "previa comprobación de que no se induce con la misma la implantación de nuevas edificaciones". El permiso "no llevará implícita, en ningún caso, la autorización para la ejecución de obras de reparación, conservación o de cualquier otra naturaleza".

Los promotores inmobiliarios han denunciado que la norma generará "un agravio comparativo con quien, asumiendo el máximo esfuerzo de ahorro y restricciones en la renta disponible, adquiere una vivienda 'legal' sometida a todo tipo de tasas, impuestos, dotación para instalaciones de suministro, etcétera, todo ello repercutido en el precio de la misma".

Más de 500

Viviendas irregulares

Un informe de la Consejería de Fomento cifró hace dos meses en más de medio millar las viviendas ilegales existentes en Ceuta. Caballas, promotora de la iniciativa, defiende que sus ocupantes son "centenares de familias de toda condición, raza y religión, y de zonas muy diversas, que viven, trabajan y pagan sus impuestos en Ceuta pero no pueden disponer en sus casas de luz eléctrica". "Se pretende, única y exclusivamente, reparar esta injusticia acabando con una situación que sólo cabe calificar de inhumana", ha resumido su portavoz, Mohamed Ali.

El PSOE se ha abstenido en la votación de la propuesta al ver rechazada una enmienda que instaba a restringir el acceso a estos permisos "excepcionales" a los residentes legales en la ciudad autónoma con fecha anterior a la entrada en vigor de la ordenanza.