El Gobierno de Canarias inicia esta semana un proceso de participación ciudadana con el fin de que los canarios aporten propuestas a la futura Ley de Transparencia de la Comunidad Autónoma y ayuden a acabar con la "opacidad" de la Administración.

Esta iniciativa ha sido presentada en rueda de prensa por el consejero de Presidencia, Justicia y Igualdad, Francisco Hernández Spínola, y el director general de Participación Ciudadana, Teófilo González, quienes no han ocultado que los políticos en general "se la juegan" con un proyecto de este tipo, dado que hay una "desafección creciente" hacia los gestores públicos.

Spínola ha afirmado que la gran novedad de este proceso es que se "parte de cero" sin borradores ni textos articulados previos con el fin de "escuchar" a la gente, hasta el punto de que todas las tendencias manifestadas por los ciudadanos se incorporarán al documento definitivo.

El Gobierno canario ha querido tramitar el proyecto de ley casi en paralelo al del Gobierno central, que en principio estará listo a final de año, y Spínola está "seguro" de que el trámite parlamentario en Canarias empezará a final de año y la ley entrará en vigor antes de que culmine la Legislatura.

El proceso comenzará esta semana con dos foros abiertos en Lanzarote y Fuerteventura y proseguirá este mes en La Gomera y La Palma, mientras que para septiembre se organizarán las citas de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro.

Ahí, bajo el lema 'En Canarias construimos la Ley de Transparencia entre todos. Conversemos', los ciudadanos deberán responder a preguntas sobre qué aspectos debe contener la ley, como articular la relación con el Ejecutivo o si habrá beneficios económicos para el archipiélago.

Después de esta primera fase presencial, se iniciará una segunda fase virtual en la que los ciudadanos podrán registrar sus propuestas a través de la página web, con buzón de sugerencias, y una página en la red social Facebook. Spínola ha advertido, no obstante, de que el Ejecutivo no atenderá todas las propuestas porque es "imposible" y, además, el texto final podría ser "contradictorio".

Participación de los grupos parlamentarios

Todo el proceso, según el consejero, debe estar culminado en octubre, y antes de que llegue a la Cámara regional, habrá un contacto "informal" con los grupos parlamentarios porque el objetivo del Ejecutivo es sacar adelante la ley con "consenso".

Además, en la primera quincena de este mes, la Consejería hará público el portal web de transparencia, en el que habrá un avance de datos "significativos" de la Comunidad Autónoma como salarios, empleados públicos, contratos o procedimientos administrativos.

"La transparencia es una obligación de la administración pública y éste es el camino adecuado. Queremos liderar este proceso desde la Consejería, con ideas novedosas. La ciudadanía lo exige, y con razón, quiere saber como se gasta el dinero público", ha señalado.