El diputado del PSC-PSOE, José Ignacio Álvaro Lavandera, ha insistido en la necesidad de proteger al consumidor ante determinadas prácticas abusivas por parte de las entidades financieras.

En un comunicado, el socialista reaccionó así después de que el Gobierno canario anunciara que desarrollará una campaña de inspección por distintas entidades financieras del Archipiélago para controlar este tipo de prácticas.

"La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales es un derecho básico de los consumidores, tal y como lo establece la Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que también provee a las administraciones públicas de Canarias la potestad sancionadora en materia de consumo", explicó.

Para Álvaro Lavandera, esta Ley "no deja duda alguna sobre la posibilidad que tiene este Gobierno para proteger a los consumidores ante las prácticas que día sí y día también son declaradas nulas, abusivas o ilegales".

Consideró también que este control del Ejecutivo regional "debe incrementarse en estos momentos en que el Gobierno de Partido Popular no reacciona ante las quejas ciudadanas".

El diputado socialista critica que el sector financiero haya venido desarrollando estas prácticas durante mucho tiempo "dada su posición dominante a la hora de ofrecer los servicios a los consumidores, ya sean préstamos, tarjetas, participaciones preferentes, seguros frente a las variaciones del tipo de interés, etcétera".

Protección de los intereses de los consumidores

En este sentido, comentó que al margen del anuncio del Gobierno de Canarias de que desarrollará esta campaña, los socialistas seguirán "instando a la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores, porque las administraciones públicas canarias tienen competencia para ello.

Además, confió en que la reacción de las entidades financieras sea positiva, "con el fin de que vayan eliminando cláusulas de los contratos, como la derivada de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios".

Por último, el parlamentario majorero esperó que el resultado final de todo ello sea un sistema financiero más transparente, más justo y que la posición dominante de las entidades financieras no sea tal, en el sentido de que la Administración Pública está obligada a defender los intereses de los más débiles, en este caso de los consumidores.