El Parlamento de Galicia ha constatado la "posible relevancia penal" de la decisión de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) de entregar a los medios documentación secreta de la comisión que investiga la fusión de las antiguas cajas y lo ocurrido en el sector financiero gallego, por lo que la Mesa evaluará su "posible remisión" al órgano judicial competente.

En un comunicado, ha informado de que la Mesa del Parlamento se encargará de adoptar una decisión en base al tercer punto del artículo 103 del Reglamento de la Cámara, en el que se determina que, si la causa de sanción de un diputado pudiese ser, a juicio del órgano rector, constitutiva de delito, la Presidencia informará de dicha conducta a la Justicia.

El pronunciamiento de la Cámara autonómica llega un día después de que AGE decidiese entregar a los medios "documentación considerada secreta y reservada" de la comisión de investigación de las cajas del Parlamento gallego, entre la que se encuentra el informe de KMPG sobre la integración de Caixa Galicia y Caixanova.

Tras este paso del grupo, el Parlamento ha querido "dejar constancia" de que la información de naturaleza reservada remitida al Pazo do Hórreo "fue tratada conforme a los procedimientos previstos" en el Reglamento.

Asimismo, ha incidido en que el deber jurídico de confidencialidad previsto en el Código Penal afecta a todo aquel que manejara esa documentación "antes, durante y después" de su paso por el Parlamento de Galicia.

"Así fue comunicado a cada diputado y así consta en la sala que alberga la documentación", constata la Cámara en el mismo comunicado en el que advierte que, en vista de lo ocurrido, la Mesa evaluará ahora si comunica los hechos al órgano judicial competente.

Recordatorio a los grupos

El pasado 17 de junio, la Cámara había enviado a los grupos un escrito en el que se recordaba que los diputados tienen "el deber general" de no divulgar actuaciones reservadas y que hacerlo podría suponer la suspensión temporal de la condición de parlamentario, "sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales en las que se pueda incurrir" ya que podría suponer "un delito de revelación de secretos".

El documento de los servicios jurídicos subrayaba que los diputados y diputadas tienen el deber general de no divulgar actuaciones que, según el Reglamento de la Cámara, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas.

Particularmente, apuntaba que cuando formen parte o asistan a una comisión de investigación no deben divulgar información que se maneje en las ponencias que se creen en la comisión o que se obtenga de las comparecencias que versen sobre materias que fuesen declaradas "reservadas o secretas" conforme a la legislación vigente.

Los servicios jurídicos también indicaban a los parlamentarios del Pazo do Hórreo que no deben hacer pública la información sobre asuntos que puedan estar bajo secreto de sumario o datos derivados de documentación que contenga cuestiones declaradas secretas por una ley o cuando la propia comisión le atribuya este carácter.

Delito de revelación de secretos

El "quebrantamiento" de este "deber", añadían, constituye una infracción parlamentaria sancionada con la privación "de todos o de alguno" de sus derechos e incluso con la "suspensión temporal de la condición de diputado "sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales en las que se pueda incurrir".

En este sentido, el escrito aludía a dos artículos del Código Penal y del Código Civil, respectivamente, para concluir que "ese incumplimiento podría constituir un delito de revelación de secretos, además de la responsabilidad civil en la que se pueda incurrir".