Los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han aprobado una resolución en la que se insta a la Junta a pedir al Gobierno que finalice cuanto antes un nuevo Plan del Carbón 2013-2018 "consensuado" para recuperar la actividad en las cuencas mineras, así como a solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las gestiones precisas para que las eléctricas puedan adaptar sus centrales térmicas de carbón en la Comunidad a la Directiva de Emisiones Industriales.

Además, la resolución, presentada por el Grupo Popular en el marco del Debate de Política General, insta a la Junta a mantener la consideración de estratégicas de las unidades de producción térmica de Compostilla, La Robla, Velilla del Río Carrión y Anllares "por ser imprescindibles para la minería del carbón de la Comunidad, por su aportación al mix de generación y porsu contribución al desarrollo general" y "especialmente" a la actividad económica de las cuencas mineras y de su entorno.

En cuanto a las peticiones al Gobierno, se insta a la Junta a que se dirija al Ministerio para finalizar "cuanto antes" y de manera "consensuada" un nuevo Plan del Carbón 2013-2018 que "permita recuperar la actividad en todas las cuencas mineras" y que además "dote de viabilidad" a las empresas y explotaciones que puedan ser competitivas sin ayudas desde 2019, "integrándolo con el consumo de la producción de carbón en las centrales térmicas y la viabilidad técnica y económica de dichas instalaciones".

Asimismo, se insta al Gobierno regional a realizar ante el Ministerio las gestiones para que Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola puedan realizar las inversiones de adaptación de sus centrales térmicas de carbón en Castilla y León a lo dispuesto en la Directiva de Emisiones Industriales.

Para ello, según se recoge en la resolución, se considera necesario otorgar una prórroga de un año, hasta el 31 de diciembre de 2014, para comunicar a la Comisión Europea las instalaciones en las que se va a invertir.

Rechazo de tres resoluciones

Frente a la aprobación por unanimidad de esta resolución del PP, se han rechazado otras tres de diferente índole presentadas por PSOE, IU y UPL relacionadas también con la minería y las cuencas mineras, pero que han obtenido el respaldo de la oposición.

En concreto, la resolución socialista instaba a la Junta a desarrollar un "paquete de medidas urgentes" de apoyo a la minería que incluyera impulsar "la depuración de responsabilidades" que pudieran corresponder derviadas de la "negativa2 a pagar las ayudas comprometidas a las empresas mineras por parte del Gobierno.

De la misma forma, se instaba a promover una "operación financiera" que permita el adelanto del pago de las nóminas adeudadas a los trabajadores de la minería del carbón que se les deben "por el incumplimiento del Gobierno de España del pago de dichas ayudas".

Otras de las medidas que el PSOE proponía reclamar a la Junta pasaban por poner en marcha un programa autonómico de actuación específico para las cuencas mineras, en coordinación con los ayuntamientos, que contemplara tanto iniciativas inmediatas para paliar los efectos sociales que ha tenido la paralización de la actividad minera como concretas para reforzar la reconversión y reacticación económica; coordinar la acción política del PP con sus parlamentarios nacionales; un plan de actuaciones que cuantificara las necesidades del sector de generación térmica y de la capacidad de producción actual del sector minero; o impulsar la transmisión de concesiones como alternativa al cierre de explotaciones en los casos en que fuera posible.

Por su parte, IU proponía instar a la Junta para que se dirigiera al Gobierno para promover y negociar el nuevo Plan del Carbón con el fin de que se garantizase la continuidad de la actividad de la minería del carbón y cumplir con los compromisos adquiridos en amparo de los anteriores planes destinados al desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

Finalmente, UPL presentó una resolución en la que instaba a la Junta a "recuperar" la figura legal de 'planes especiales de promoción comarcal' para impedir la pérdida de servicios públicos y favorecer la inversión pública "en áreas especialmente castigadas por la despoblación rural como las comarcas montañosas y las mineras".