Los grupos de la oposición —PSdeG, AGE y BNG— han denunciado que la Ley de garantías de prestaciones sanitarias, que este martes ha comenzado su debate parlamentario, se usa para "dar rango de ley a la privatización" de la sanidad y "equiparar la sanidad pública y privada" por primera vez, así como ha criticado que excluye a varios colectivos (los que no tienen tarjeta sanitaria) de los plazos que marca.

A falta de votar las enmiendas de totalidad de los grupos de la oposición, que el PPdeG evitará con sus votos que prosperen, esta ley empieza su debate con críticas por lo que los grupos de la oposición ven detrás de una normativa de garantías de plazos, pero con el apoyo del PP, expresado a través del diputado Miguel Santalices, porque "enfría el debate de las listas de espera" y aumenta los "derechos" de los pacientes.

Y, de hecho, así lo sintetizó la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, en la presentación de este texto legislativo que ha sido retocado tras el informe del Consello Económico e Social (CES) y que fue remitido al Parlamento 18 días después de ser aprobado por el Consello de la Xunta. La titular de la Administración sanitaria ha afirmado que este proyecto de ley "subraya el carácter del ciudadano como eje del sistema" y le da "instrumentos para decisiones".

Sin embargo, la visión de socialistas, la coalición y nacionalistas coincide al detectar que la normativa "se carga la universalidad" de la sanidad pública y "equipara la pública y la privada", en palabras de la diputada del PSdeG Carmen Acuña; y "refrendan" los "recortes", que "matan", en una ley al servicio "del capital", como ha expresado la parlamentaria de AGE Eva Solla.

"Son unos cobardes, porque no se atreven a decir que privatizan la sanidad", ha espetado, por su parte, la nacionalista Montse Prado, quien añadió que "dan rango de ley a la privatización" de la sanidad.

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La socialista Carmen Acuña ha etiquetado el proyecto de ley, que ha pedido retirar, como "falsa y trampa", y ha asegurado que "un gobierno respetuoso con la ciudadanía no traería una ley cuando ni siquiera cumple con las vigentes". Ha criticado que llega con informes que censuran el contenido, como el del CES, e incluso "sin (todos) los informes preceptivos".

Carmen Acuña se ha preguntado cómo van a poder elegir en el rural un médico "cuando ni siquiera queda un profesional" en algunas zonas., y ha criticado que se "dejan fuera patologías graves como neurismas" de la segunda opinión médica.

La socialista ha considerado que es una ley "inútil", porque ya existen normativas que "no se están cumpliendo"; "indeterminada e inconcreta", ya que no define cuestiones como los criterios sociales o médicos para las prioridades; "imposible e increíble", porque actualmente no se cumplen las esperas máximas de 180 días establecidas; y "peligrosa", porque "equipara la sanidad pública y privada".

"lavarse la cara"

Para la diputada de AGE Eva Solla, el PP "quiere lavarse la cara aprobando esta ley", la cual, asegura, "condena a la maltrecha sanidad pública". Así, les ha acusado de ser "maquiavélicos", y ha advertido de que "ninguna de las cosas (contenidas en la ley) van a poder darse en la sanidad pública". Es por ello que ha incidido en que "esta ley es inviable sin más presupuestos para la sanidad pública".

"Esta ley es un lavado de cara de un gobierno que tiene en contra al colectivo sanitario, harto de soportar la descapitalización del sistema público de salud", ha definido Eva Solla, quien ha vinculado el hecho de que la "mortalidad crezca" con los "recortes sanitarios".

"Los recortes matan, y ustedes los refrendan en leyes al servicio del capital", ha abundado Eva Solla, quien ha advertido de que este proyecto "abre la puerta a que los hospitales públicos compitan entre sí" por los pacientes, "convertidos en clientes".

Montse Prado, por parte del BNG, ha advertido de que "sin apuesta por la sanidad pública, no hay ley de garantías que valga que no sea pura propaganda y demagogia", y ha asegurado que "el objetivo es evidente: Quieren derivar los recursos a la sanidad privada". "Lo que hay es una apuesta para privatizar la sanidad", ha observado.

Para la nacionalista, hay una "apuesta por entregar la sanidad a las empresas privadas", porque "no es un modelo de complementariedad", como el actual, sino que la ley "quiere elevarla a igualdad de condiciones o subsidiaria de la pública". "Un cambio de modelo que sobrepasa lo que se puede hacer con esta ley", ha criticado.

Defensa de la ley

A favor del texto se ha situado el diputado del grupo mayoritario Miguel Santalices, que agradeció que esta normativa haya llegado a la Cámara y también la disponibilidad de los grupos a debatirla.

Así, ha considerado que se trata de la normativa "de más calado de toda la legislatura", y ha asegurado que las demás comunidades van a estar mirando para Galicia, por lo que ha apelado a hacer un "esfuerzo" para buscar el consenso.

Este llamamiento también fue expresado por la conselleira de Sanidade, quien además de proponer "sacar las listas de espera del debate político", ha querido "brindar la posibilidad de un pacto por la sanidad pública de Galicia". Además, se ha mostrado convencida de que el texto, con las aportaciones de usuarios, asociaciones y parlamentarios, tendrá un "resultado mejor".

Algunas novedades

Durante la presentación de la normativa, Rocío Mosquera presentó las principales novedades, como que en lo relativo a las esperas máximas establece 60 días para las intervenciones quirúrgicas (que así se determinen) y 45 días para consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas.

También se incluye la libre elección de médico de familia, pediatra y personal de enfermería en atención primaria, y libre elección del centro hospitalario, con novedades como la de pediatría y enfermería en atención primaria.

En cuanto a la segunda opinión, se amplía el arco de procesos a los que es aplicable y se reducen los plazos para poder contar con ella. Además, será obligado que todos los centros sanitarios dispongan de información sobre los derechos y garantías sanitarias orientados a favor de los usuarios de forma clara y la elaboración de un informe sobre la aplicación de esta normativa.

Polémica antes del parlamento

Uno de los artículos más polémicos es el séptimo, que recoge que si el paciente no recibe una oferta para ser atendido en los plazos que marca la ley, podrá optar por continuar en la lista de espera en el centro elegido o por requerir asistencia en "cualquier otro centro que disponga de acreditación en la Comunidad gallega".

Se explicita ahora (tras los cambios a raíz del informe del CES), que en este último caso el Sergas "deberá asumir directamente el pago de los gastos derivados de la asistencia sanitaria".

Por su parte, un quinto punto de ese artículo señala que en cualquier caso el paciente podrá elegir un centro privado ubicado en la Comunidad gallega, transcurrido el plazo establecido, y a que se le reembolse el Consello Económico e Social (CES) emitió su informe al respecto el gasto de acuerdo "con las tarifas que se establezcan reglamentariamente".

Previamente en su informe, el órgano consultivo había señalado que el usuario "debería ser resarcido, al menos, con la totalidad del desembolso que hubiese realizado por costear la intervención quirúrgica o prueba diagnóstica conforme a las tarifas".

Asimismo, había advertido de que, sobre esas tarifas, de las cuales se "desconoce a priori" su importe, incluso pueden "suponer de facto una limitación o una anulación de la garantía conferida al usuario, en el caso de que las cuantías reglamentariamente previstas se desviasen sensiblemente del coste real de las intervenciones".