Invercaria ha remitido al juez que investiga las supuestas irregularidades en la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía el informe —denominado Acta de Liquidación Provisional— en el que el Tribunal de Cuentas descarta que los responsables de esta entidad mercantil incurrieran en responsabilidades contables "por alcance" por la contratación de tres empleados y los gastos de representación del que fuera presidente, Tomás Pérez-Sauquillo, ascendentes a 25.101,09 euros en 2009.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que fue el pasado martes cuando Invercaria elevó esta "relevante" documentación al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, lo que ha motivado que éste haya aplazado hasta julio las declaraciones previstas para este jueves de dos auditoras de la Cámara de Cuentas de Andalucía que elaboraron el Informe de Fiscalización sobre Invercaria correspondiente al año 2009 que propició esta investigación.

El Tribunal de Cuentas llevó a cabo las correspondientes actuaciones previas como consecuencia de las irregularidades puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas citado, en el que se aludía al abono de retribuciones a tres trabajadores contratados por Invercaria "que no prestan de forma justificada sus servicios en ella" y a los gastos de representación abonados en la etapa de Pérez-Sauquillo por importe de 25.101,09 euros, "sin que se haya acreditado debidamente su relación con la actividad de la empresa".

En el acta de liquidación provisional, consultada por Europa Press, el Tribunal de Cuentas dice, en cuanto a la contratación de estos tres trabajadores, que "resulta indudable que el personal destinado al desarrollo de las funciones" del Observatorio de Empresas "ha venido prestando sus funciones en el ámbito de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la cual depende la entidad Invercaria, siendo sus retribuciones satisfechas con fondos públicos y sus servicios prestados en el ámbito público".

Al hilo, concluye que "procede considerar que no se ha producido menoscabos en los fondos públicos que pudieran resultar determinantes de responsabilidad contable por alcance en la medida en que las retribuciones abonadas lo han sido en contraprestación de servicios prestados en el ámbito público de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la cual depende la misma entidad con cargo a cuyos presupuestos han sido abonadas dichas retribuciones".

Respecto a la supuesta falta de justificación de los gastos de representación de Pérez-Sauquillo por importe de 25.101,09 euros, el Tribunal de Cuentas dice que, tras el análisis de la documentación aportada, "cabe considerar acreditados los gastos, por lo que no procede considerar la existencia de responsabilidad contable por alcance".

A fin de que las partes personadas en el Juzgado que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria puedan estudiar esta nueva documentación, el magistrado ha aplazado hasta los próximos días 10 y 11 de julio las declaraciones de dos auditoras de la Cámara de Cuentas, identificadas como Amelia Martínez y María José González.

El magistrado ha citado también para dichas fechas a una tercera técnica de la Cámara de Cuentas, identificada como Leonor Viñuales Gutiérrez, que también acudirá en calidad de testigo.

Estas nuevas citaciones han llevado a su vez al juez a cambiar del 11 al 17 de julio la declaración como testigo del exdirector de Formación de Invercaria Cristóbal Cantos.