El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha asegurado este jueves, tras reunirse con miembros del comité de empresa de Sniace, que las razones para cerrar la planta Viscocel "no son económicas" sino que se deben a la "amenaza" de una "querella criminal" por un "problema medioambiental".

Así lo ha manifestado Diego, que ha señalado que en los juzgados hay interpuesta una querella criminal que "pende" sobre los directivos de la planta, miembros del Consejo de Administración y trabajadores técnicos por las inmisiones de sulfuro de carbono, según ha dicho.

El presidente ha indicado que los trabajadores son "conscientes" de esa "causa" que "ahora es nuestro problema, tanto el de ellos como el mío", ha indicado Diego, que ha señalado que el tiempo para resolver ese problema "ahora es escaso, es muy corto, muy breve".

Sin embargo, el Gobierno va a llevar adelante la propuesta que le ha realizado el comité de empresa y que es que realizar con sus "recursos" un estudio que determine si elevando la chimenea de la fábrica de Viscocel, el parámetro de inmisiones se puede reducir y cuál es el coste aproximado que puede suponer esa inversión.

"Asumo este nuevo deber, me pongo inmediatamente a trabajar en ello y encargaré ese trabajo a quien competa y pueda ayudarnos, bien sea la Universidad de Cantabria o una ingeniería, y determinar ese elemento", ha avanzado el presidente.