Unas 40 familias en paro y de distintos puntos de las provincias de Huelva y Sevilla llevan un mes 'okupando' casas vacías de la urbanización 3 de abril, ubicada en la localidad onubense de Bollullos Par del Condado y que pertenecen a una constructora que ha quebrado, y van a pedir a la empresa Aqualia, encargada del suministro de agua en el municipio, un punto de agua que "ha quitado".

En declaraciones a Europa Press, una de las ocupantes, Juana Alonso, ha señalado que en la urbanización, compuesta por unas 80 viviendas, diez casas tienen sus propietarios que "han sido respetadas" pues su voluntad "no es quitarle a nadie su casa", pero las demás, según ha indicado, "pertenecen a la constructora y están vacías" y por ello hace un mes decidieron proceder a su 'okupación'.

En este sentido, ha asegurado que este jueves van a acudir a las oficinas de Aqualia para reclamar el punto de agua que "ha estado habilitado y que ahora la empresa ha retirado", indicando además que los vecinos están "dispuestos a pagar entre todos este suministro", ya que en estas casas "viven familias con niños y las condiciones son infrahumanas".

Alonso ha dejado claro que el objetivo de estas familias no es que "le regalen las viviendas", sino que han mantenido contactos con el banco para negociar un alquiler social en función de los ingresos de cada una de ellas.

Respecto a las condiciones de las viviendas, esta mujer, que ha sido desahuciada, ha asegurado que "son malas, pues carecen de luz y agua y además en muchas de ellas han robado puertas y materiales".

Por su parte, desde Aqualia han indicado a Europa Press que la empresa puso un punto de agua "tras conversaciones con el Ayuntamiento y los vecinos", pero al carecer la urbanización de documentos tales como el certificado de habitalibidad, escrituras o el boletín de instalación, la compañía "no puede habilitar ese punto porque va en contra de la normativa" y podría recibir algún tipo de sanción.

Respuesta municipal

Por su parte, el alcalde de Bollullos, el independiente Francisco Díaz, en la fecha en la que fueron ocupadas estas viviendas, indicó que este asunto fue abordado en la última junta local de seguridad y ha recordó el "limbo legal" en el que se encuentran estas viviendas debido a la difícil situación de la constructora.

Del mismo modo, señaló que el Consistorio "poco puede hacer" al tratarse de una propiedad privada y lamentó "la falta de responsabilidad" de IULV-CA por haber "animado" a estas personas a realizar esta acción sin tener en cuenta en la "complicada situación que deja ahora a los propietarios" debido a que "27 viviendas estaban vendidas y ahora están 'okupadas'".

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