El Ayuntamiento de Gandia (Valencia) y las entidades bancarias Caixa Rural, Caixa Ontinyent y Catalunya Caixa han firmado un convenio para crear un fondo de viviendas de alquiler para afectados por los desahucios.

Este convenio ha sido firmado este miércoles por el alcalde de Gandia, Arturo Torró, y la concejala de Bienestar Social, Pilar Gavilà, junto con los representantes de la Caixa Rural, Francisco Femenía; de Caixa Ontinyent, Javier Sanchis; y de Catalunya Caixa, Francisco Tárrega.

Se trata de un proyecto "pionero y único" para Gandia, donde las entidades de crédito "asumen una especial responsabilidad social" ante los desahucios que están sufriendo los ciudadanos de la capital de la Safor, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Tanto los representantes bancarios como el alcalde han señalado que la intensidad y gravedad de las consecuencias que están ocasionando los desahucios sobre las circunstancias personales y de las familias de Gandia, exigen la adopción de medidas urgentes por parte de todos los agentes económicos y sociales, y a este respecto resaltado que "gracias a este convenio, se aportan nuevos instrumentos para poder mejorar la situación de las familias que se encuentren en una situación de mayor dificultad social".

Así, se pretende ayudar y paliar la situación de personas que han sido desalojadas o se encuentran en vías de desalojo de su vivienda por el impago del préstamo hipotecario, cuando concurren en ellas circunstancias de especial vulnerabilidad.

Tienen "interés"

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha señalado que las entidades bancarias que han suscrito este convenio "tienen interés en participar en este proyecto, al disponer de viviendas en Gandia susceptibles de ser incluidas en un programa de alquiler solidario a afectados por los desahucios".

Torró ha explicado que los gandienses que, habiéndose visto inmersos en un proceso de desahucio y quieran acceder a arrendar una vivienda social, deberán contar con el informe del departamento de Servicios Sociales y tendrán que pagar entre 150 y 250 euros para acceder a una vivienda social.

Las entidades bancarias, según ha explicado Paco Tárrega, en nombre de las tres cajas firmantes del convenio, notificará al Ayuntamiento de Gandia las viviendas que, debido a los procedimientos judiciales, se encuentran en vía de apremio, para dar prioridad y urgencia a las personas que en ellas viven. De hecho, las entidades informarán a los afectados hipotecarios de la existencia del programa de vivienda solidaria para que éstos puedan beneficiarse.

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