Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha presentado alegaciones ante las mesas de la Comisión de investigación de las cajas y del Parlamento para reclamar que se "reconsidere" el carácter secreto de la documentación remitida a la Cámara, y advierte de que no participará en las sesiones de este órgano en el caso de que no se atienda su petición. Además, reclama la "suspensión" de las comparecencias previstas en los próximos días hasta la resolución de esta cuestión en aras de facilitar el trabajo de la comisión.

Así, acompañado en rueda de prensa por la número dos del grupo, Yolanda Díaz, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, ha explicado que los diputados se convertirán en "observadores" de la comisión. Es decir, en principio, tienen previsto acudir a la comisión, que empieza este jueves con las comparecencias, pero no participarán activamente en los debates si se mantiene el debate secreto.

De esta manera, AGE ha presentado alegaciones ante la Mesa de la Comisión en las que exponen que en el caso de la documentación de la comisión de las cajas "no existe ninguna ley que ampare el carácter secreto de la documentación unida a la comisión para el esclarecimiento de los hechos investigados". Apelan al decreto por el que se regula el requerimiento de las comisiones parlamentarias para indicar que se "verifica la obligatoriedad de facilitar los datos siempre que las comisiones entiendan que no sería posible cumplir su función sin ellos".

Para Alternativa, la declaración secreta de la documentación se debe "a una decisión política de carácter inmotivada", puesto que "en absoluto fueron justificadas las razones por las que el PP acuerda el carácter secreto de los textos". La declaración secreta de parte de la documentación fue aprobada únicamente con los votos de los populares el pasado 13 de junio.

Este grupo parlamentario también alega que "no existe riesgo financiero alguno que pueda poner en peligro alguna operación", puesto que las cajas "no existen" y acusa al PP de ser, con su voto en solitario, "cómplice del actuar de los causantes de la quiebra de las cajas, favoreciendo la obstrucción", la cual, ha recordado Beiras, es un "delito".

AGE también señala que la "opacidad y restricciones" acordadas "no tienen precedentes semejantes" en otros parlamentos, ni autonómicos ni en el Congreso de los Diputados, por lo que reclama la "reconsideración" del acuerdo adoptado por la comisión de investigación para adoptar "las medidas oportunas" con el fin de "garantizar que se levante el carácter secreto a esta documentación" y, de esta forma, "facilitar el trabajo de investigación y difusión de lo realmente ocurrido".

En otro escrito dirigido a la Presidencia del Parlamento, este grupo parlamentario presenta su "enérgica protesta" contra el "uso abusivo" del Reglamento en lo que se refiere a la documentación secreta, lo que "cercena la labor de los diputados". De esta forma, insta a que intermedie y se dirija a la comisión para solicitar que "reconsidere" el carácter secreto de la documentación para la que se determinó esta fórmula.

Decisión "antilegal"

Xosé Manuel Beiras ha considerado, a la vista de los argumentos jurídicos expresados en los documentos que han trasladado a ambas instancias, que se adoptó una "decisión antilegal", y por eso, en aras de ser "leales con los representados" de su grupo, optan por la vía de la protesta a la declaración secreta de la documentación.

De hecho, ha señalado que los diputados "no se sienten obligados a guardar el secreto", sino que se reservan el actuar siguiendo la "desobediencia civil" como en el "franquismo". "Practicaremos la desobediencia y el desacato", ha avanzado el diputado de AGE, quien ha explicado que "es la única manera de defender los intereses".

En todo caso, primero esperarán a la respuesta de los órganos parlamentarios y, de no encontrar una contestación satisfactoria, AGE se reserva la posibilidad de recurrir a las instancias judiciales para defender la necesidad de realizar su trabajo "en condiciones de dignidad" y sujetas a las características del cargo.

"Agotamos nuestra paciencia", ha asegurado el portavoz de AGE en relación a esta cuestión, al respecto de lo que ha comunicado que "si no se hace caso" de las alegaciones presentadas, y "no se paralizan las comparecencias", los diputados de Alternativa "van a pasar al estatus de observador" mientras que "el acceso a la información no sea en condiciones".

En todo caso, ha asegurado que ello no supone "dejar de trabajar en la temática de la comisión de investigación", sino que seguirán consultando la información existente, pese a las condiciones "precarias". "Así no jugamos, aunque seguiremos trabajando", ha manifestado Beiras, quien ha explicado que su grupo "no está dispuesto a ser cómplice de un fraude, engaño a la ciudadanía, pantomima y parodia de comisión".

Beiras ha augurado que esta actitud, que busca evitar convertir en "siervos" a los diputados, va a ser "objeto de ataques difamatorios", pero ha indicado que "asumen el riesgo", porque los ciudadanos "van a entender esta postura". "Y si no, que le pregunten a los estafados agredidos, robados por las preferentes si consideran que la comisión de investigación no puede disponer de los documento básicos", ha señalado en referencia a la información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los documentos sobre la emisión de participaciones preferentes.

Informes de inspectores del banco españa

Por su parte, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha manifestado que por lo observado hasta ahora, "el reciente informe de los inspectores del Bando de España ponen bien bonita la gestión" del regulador "desde el señor (Jaime) Caruana" —en la época de José María Anzar—.

Asimismo, ha señalado que los parlamentarios de Alternativa saben los documentos que quieren. Entre ellos son, dijo, "las actas de los consejos de administración" en los que se les concedió un "crédito millonario" a Fernando Martín (Fadesa).

Además, Yolanda Díaz ha criticado que los documentos "no están autentificados", es decir, como son fotocopias no están firmados, con lo que se pregunta cómo podrán determinar responsabilidades e interponer acciones legales si no están los nombres a quienes corresponden la autoría de los documentos.