La Cámara de Comptos ha afirmado que se observa "en general" un "incumplimiento" en el plazo de seis meses para dictaminar sobre el derecho de las personas dependientes de Navarra a recibir alguna prestación.

Comptos, que ha publicado un informe de fiscalización sobre la aplicación de la ley de Dependencia en Navarra, ha explicado que en abril había casi 1.000 expedientes pendientes de valoración en la Comunidad foral.

En el periodo 2008-2012 se presentaron 34.000 solicitudes para acceder a las prestaciones relacionadas con la dependencia: ayudas económicas, atención residencial, atención diurna y centro de rehabilitación psicosocial.

En el mismo periodo ha habido 38.000 resoluciones de las que el 14% se califican como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el 29% como severos y el 23% como grandes dependientes. El número de resoluciones excede al de solicitudes porque un número importante de ellas las realiza de oficio la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas.

La Cámara de Comptos señala que el gasto estimado en la dependencia disminuyó en 2012 respecto al año anterior, pasando de unos 150 millones a algo más de 130. El Gobierno de Navarra es el principal financiador ya que aporta, como mínimo, el 70% del total, seguido por los usuarios que hacen frente al 21%, financiando el Estado el 9% restante.

El informe pone de manifiesto "la desproporción entre el coste real de los servicios prestados y los módulos de financiación establecidos por el Estado, así como la falta de un sistema de costes homogéneo".

El informe, que se ha elaborado a petición del grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra, tiene como objetivo revisar los cambios en las normativas estatal y foral en dicho periodo; revisar el procedimiento administrativo de valoración y asignación de las prestaciones por dependencia; ofrecer información sobre el gasto en dependencia en el periodo; y, finalmente, valorar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el anterior informe sobre la materia, publicado en marzo de 2011.

El informe recuerda que tanto la normativa foral como la estatal han experimentado "importantes" cambios, lo que ha reducido la cuantía de las prestaciones además de haberse alargado los plazos en los que se hace efectivo el derecho a recibirlas.

Al mismo tiempo, se han establecido incompatibilidades entre determinadas prestaciones y se han variado las categorías de dependientes anteriores, simplificándolas ahora en tres: gran dependiente, severo y moderado.

La ley ha previsto un nivel de protección mínimo a cargo del Estado que se puede incrementar a través de convenios con las comunidades autónomas. La aportación de estas últimas tiene que ser al menos igual que la del Estado. En el caso de Navarra, descuenta de su aportación al Estado a través del cupo el importe mínimo garantizado por cada beneficiario residente en la Comunidad Foral.

Comptos explica que hay que tener en cuenta, por otra parte, que la Ley Foral de Servicios Sociales supera las previsiones de la Ley de Dependencia, ya que protege tanto a dependientes como a todas las personas destinatarias de los servicios sociales.

Este conjunto de prestaciones se reúnen en la Cartera de Servicios Sociales, en la que se encuentran prestaciones de atención primaria, dependencia, personas mayores, discapacitados, enfermos mentales, personas en exclusión social, atención al menor y víctimas de violencia de género.

El informe indica que el Gobierno de Navarra cuenta en la actualidad con 567 puestos de trabajo relacionados con la prestación de estos servicios, de los que la mayoría están asignados a los centros asistenciales. En cuanto a la labor de valoración de cada caso, existen 26 plazas entre los que hay médicos, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas y auxiliares administrativos, siendo estos dos últimos puestos los más numerosos.

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