Un exoficial del Partido Comunista de China (PCCh), Li Xingong, de la provincia central de Henan, ha sido ejecutado por violar a once niñas entre 2011 y 2012, según publica este miércoles la agencia oficial Xinhua.

Fuentes del Tribunal Supremo de Henan consultadas por la citada agencia confirmaron que Li fue ejecutado el martes, poco más de un año después de que fuera detenido por violar a las menores en el municipio de Yongcheng, en esa provincia.

Según publicaron entonces los medios oficiales chinos, Li confesó la violación de las niñas durante un interrogatorio policial, y las autoridades locales ordenaron un "castigo severo y rápido", de acuerdo a la legislación china.

Aunque Li apeló la primera sentencia a muerte, dirimida por una corte de rango intermedio, el Tribunal Supremo provincial ratificó finalmente su ejecución.

Su caso suscitó fuertes críticas entre la población, sobre todo en las redes sociales como Weibo -el Twitter chino-, donde los internautas se preguntaron si Li podría haber sido detenido antes y denunciaron la habitual impunidad con la que actúan los funcionarios del Partido.

La ejecución se produce cuando el nuevo Gobierno chino, constituido el pasado marzo, ha lanzado públicamente campañas para luchar contra la corrupción en las filas de la formación y "acercar" su estilo de trabajo a las exigencias de la población.

El martes, el presidente Xi Jinping aseguró que realizará una "campaña de limpieza" para combatir las cuatro formas de "decadencia" del PCCh: "el formalismo, la burocracia, el hedonismo y la extravagancia".

La iniciativa surge después de un año salpicado por fuertes escándalos de corrupción entre altos cargos provinciales del Partido, y cuando se empiezan a celebrar los juicios en su contra.

Por su parte, el Tribunal Supremo Popular (el de mayor instancia del país asiático) ordenó el pasado mes a las cortes del país castigar con más dureza los crímenes cometidos contra los menores.

Aunque Pekín no hace públicas las cifras relativas a las ejecuciones a nivel nacional, algunas organizaciones de derechos humanos denuncian que sigue siendo el país que más castigos de este tipo aplica.