El teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, ha hecho público el escrito que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha remitido al Ayuntamiento sobre la situación del sistema tranviario de Jaén en el que da cuenta de la queja de oficio tramitada por ésta y cómo, tras la entrevista mantenida con el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, se ha informado a la Junta de "la posibilidad de buscar vías de colaboración entre esta Administración, la Diputación y el Consorcio Metropolitano de Transporte para llegar a un acuerdo que desbloquee la situación creada".

Contreras ha destacado que en este escrito la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz argumenta "su preocupación por el hecho de que una infraestructura en la que se han invertido más de 100 millones de euros no se encuentre en funcionamiento". Al respecto, ha indicado que en esta carta "se hace patente la necesidad de colaboración entre las cuatro partes que permita el que, finalmente, el servicio que tanto coste ha supuesto para las arcas públicas, es decir, para la ciudadanía, pueda comenzar a prestarse con la mayor brevedad posible".

Asimismo, ha mostrado su confianza en que "quizás entre todos encontremos una solución para la explotación del tranvía, pero antes la Junta de Andalucía deberá subsanar todas las deficiencias existentes en la actualidad pues el tranvía se hizo con tanta celeridad que ahora existen muchas difíciles de subsanar". Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía "que asuma su responsabilidad pues ya lo dice el Defensor del Pueblo Andaluz que establece que se haga en cuatro partes".

El teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Comunicación ha asegurado que el escrito que el Defensor del Pueblo Andaluz ha remitido a la consejera de Fomento también expresa que "existe un convenio firmado en el que se hace constar las obligaciones de las partes, pero tampoco podemos obviar la necesidad de reflexionar sobre si los estudios previos de explotación económica estaban realizados adecuadamente".

Por último, ha añadido que también justifica que "las nuevas circunstancias de índole económica hacen muy difícil, sino inviable el que el Ayuntamiento asuma la explotación del servicio".