La consejera de Hacieda, Dolores Carcedo, ha matizado este lunes que el nuevo impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, que vendrá a sustituir al canon de saneamiento, "facilitará" que los ganaderos y agricultores queden exentos de su pago, si bien deberán solicitarlo formalmente en sus respectivos ayuntamientos.

Así lo ha aclarado, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado, junto con la consejera de Fomento, Belén Fernández. El posible cobro a los ganaderos ha sido una de las dudas más planteados por los intervinientes de todos los grupos, especialmente por los diputados del PP, Luis Venta, y de Foro, Ramón Campo.

La consejera ha señalado que la propia ley, tal y como está redactada, "pretende que haya una exención de agricultores y ganaderos, y facilitará todos los trámites para que se haga efectiva". En este punto, Fernández ha matizado que aquellas explotaciones que cuenten con instalaciones adecuadas de toma y depósito de purines, así como capacidad para su absorción, quedarán exentas.

La responsable de Fomento ha cifrado en 670 las ganaderías que tienen en estos momentos concedida tal exención, un cifra muy pequeña, dado que "la inmensa mayoría (de los ganaderos) no han acudido a la Junta de Saneamiento a solicitar la exención". "Es un buen momento para insistir en que lo hagan, porque cumpliendo unos requerimientos razonables y normas generales, pueden tener esa garantía".

AYUNTAMIENTOS

Carcedo ha dejado claro que serán los ayuntamientos quienes elaboren el listado de zonas y de viviendas o explotaciones que puedan considerarse exentas de contribuir al impuesto, dado que no podrán hacer uso de la red. Los ciudadanos que consideren que deben formar parte de este listado podrán solicitarlo directamente al Ayuntamiento, previa presentación de una documentación requerida.

La ley fija una distancia mínima de 100 metros de la red para quedar exento, o bien dificultades técnicas que hagan imposible la conexión. En otros casos, conectarse a la red será obligatorio y el canon se cobrará. "En qué supuestos el coste de la conexión lo deberá afrontar el particular o la Administración local, eso lo tendrá que ver el Ayuntamiento correspondiente", ha explicado Fernández.

Preguntada por el diputado de IU, Ángel González, la consejera ha aclarado que el tributo, aprobado en proyecto de ley el pasado mes de abril, no se empezará a cobrar hasta el próximo año. Por tanto, hay un tiempo prudencial para que aquellas viviendas en situación de pagar y que todavía no estén conectadas a la red solucionen esta situación.

La consejera ha defendido la ley que grava "los efectos ambientales nocivos, no el mero consumo", y que se adapta a la "normativa tributaria vigente", además de simplificar el procedimiento para tramitar las exenciones y reducir los trámites para el ciudadano.

Ha destacado también que se revisará cada tres años para mejorar su control y la lucha contra el fraude fiscal, y que supone un "importante avance en términos de seguridad jurídica". Ha destacado además que su gestión ya no dependerá de la Junta de Saneamiento, sino del Ente Tributario del Principado. "No supone más presión fiscal, no prevé ningún incremento de recaudación y no prevé subida del IPC", ha recalcado.

EL 99%

De ganaderos no cumplirá

En el turno de fijación de posiciones, se ha mostrado especialmente crítico el diputado del PP, Luis Venta, quien ha pedido la exención de todos los agricultores y ganaderos de la ley. Ha asegurado que tal y como está planteada, "el 99% de los ganaderos no cumplirá los requisitos de exención".

Ha cifrado en cerca de 40.000 las explotaciones ganaderas que hay en Asturias, frente a las 670 que según Fernández, gozan de exención en este momento. "¿Van a gestionar 40.000 solicitudes en los próximos seis meses? No nos venda la moto", ha reprochado.

El diputado del PSOE, Marcelino Marcos, ha reprochado estas críticas al PP, recordando que la mayoría de los ganaderos, aún no estando declarado exentos, no pagan el canon, y ha señalado que el Gobierno central de Mariano Rajoy, están planteando impuestos sobre vertidos que sí gravan a los ganaderos.

La diputada de Foro ha considerado que el tributo no debe ser considerado un impuesto, sino un canon, similar al que se aplica en el caso de los embalses.

Por su parte, Ángel González, de IU ha criticado que ningún grupo haya demandado las obras de saneamiento pendientes en "miles" de pueblos de Asturias que aún no gozan de este servicio, e Ignacio Prendes, de UPyD, ha defendido el impuesto porque "mejora la legislación existente anteriormente". "Los agricultores y ganaderos tienen que tener el mismo trato que una carpintería o una panadería en un núcleo urbano", ha zanjado.