El resto del pastel lo pagarán entre el Concello, la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente. Ni Vázquez ni la alcaldesa, Corina Porro, fueron capaces de ponerle fecha a este megaproyecto, que contará con «la tecnología más avanzada», según ambos mandatarios. De momento, el Gobierno local debe enviar a la Consellería un informe preliminar que será evaluado por los técnicos.

De ser aceptado, se procederá a elaborar el proyecto y entonces se construirá la planta depuradora. En ese informe técnico previo deberá constar qué se va a hacer con los vecinos afectados de Coruxo. «Somos conscientes del coste social que conlleva este tema», dijo la alcaldesa, antes de añadir que «las indemnizaciones serán acordes con ese coste». La asociación de afectados amenazó, en la tarde de ayer, con iniciar «acciones legales» contra el Concello de Vigo.

Incógnitas pendientes

Una vez conocido el nuevo emplazamiento, aún quedan varias dudas pendientes de resolver. La más importante es, quizás, el tema de los realojos. Ni el conselleiro ni la alcaldesa fueron capaces de dar una respuesta clara, pero según los afectados, «hay mucha gente que no quiere saber nada de marcharse».

La siguiente incógnita es qué pasará con el sistema de telecontrol que instaló el Concello en noviembre y que fue financiado con fondos de la Unión Europea.

Del tratamiento que se le dará al agua mientras se construye la nueva depuradora y se tira la vieja tampoco se habló ayer. La alcaldesa se limitó a decir que «se tratará de minimizar los problemas que este proceso cree al medio ambiente».