El Cabildo de Tenerife recibirá 1,6 millones de euros de la empresa Dragados tras ganar los servicios jurídicos de la corporación insular un litigio sobre la reposición de una tubería defectuosamente instalada por la empresa en la obra de la estación depuradora Adeje-Arona.

El Cabildo reclamó una indemnización de los daños y perjuicios causados, incluido el lucro cesante, por un importe de 1.620.047,70 euros, petición que ha sido estimada por los tribunales, así como la imposición de las costas del proceso a la parte demandada, informa la corporación en una nota.

Los hechos que dieron lugar a este litigio se produjeron en 2007 con motivo de la ejecución del proyecto de reutilización de aguas residuales depuradas desde la estación depuradora de Adeje-Arona hasta Santiago del Teide.

Al proceder al llenado de la conducción, indica el Cabildo, una vez terminada la ejecución de la obra, se produjo una rotura de las tuberías instaladas por la empresa adjudicataria del contrato. Ante esta situación, el Consejo Insular de Aguas declaró la responsabilidad contractual de la empresa por vicios ocultos y la requirió para que reparase los daños y perjuicios causados, repusiese las tuberías defectuosas y abonase una indemnización de 1.620.047,70 euros en concepto de lucro cesante por los rendimientos dejados de percibir en ejecución de las conducciones de agua.

Interpuesto un recurso por la empresa contra esta decisión del Consejo Insular de Aguas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado, como defendían los servicios jurídicos del Cabildo, que las causas de la rotura eran imputables a la empresa contratista.

Concretamente, se considera acreditado que los daños se produjeron como consecuencia de los desperfectos causados en el proceso de transporte, acopio o colocación, que destruyeron la protección que tenía la tubería, lo que ocasionó un debilitamiento progresivo que hizo que la tubería se rompiera al llenarse.

No cabe recurso

La última sentencia, que ha sido notificada el pasado 10 de junio, desestima el recurso de apelación interpuesto por la empresa, y contra ella no cabe recurso ordinario alguno, además de la imposición de las costas.

La coordinadora general de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, Rosa Baena, ha destacado el trabajo realizado por servicio jurídico de la corporación insular, conformado por un colectivo de ocho letrados y cuatro auxiliares administrativos, además de la jefa de servicio de Defensa Jurídica.