La secretaria de Infraestructuras del PSRM, Mª José Lajarín, ha exigido este miércoles explicaciones al consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, ante la propuesta de despido de once trabajadores de la Dirección General de Carreteras, concretamente, del departamento de Conservación y Mantenimiento de carreteras.

Mª José Lajarín ha calificado de "inaceptable" la justificación dada para estos despidos, argumentando "la innecesariedad del puesto". El PSRM considera "que innecesarios son los puestos de trabajo adjudicados a dedo, no los de trabajadores públicos".

Lajarín ha exigido que se dé cuenta de por qué "se siguen manteniendo dos contratos millonarios, por un importe de 10 millones de euros, que solo van a servir, como mucho, para conservar parte de las zonas de Caravaca y Jumilla-Yecla, dejando desprotegidos al resto de conductores de la Región" y ha denunciado que "la mala gestión de esa Consejería es responsable de que algunas carreteras de la Región estén a niveles tercermundistas".

En este sentido, la socialista ha asegurado que con 2,5 millones de euros se podría conservar toda la red de carreteras autonómicas de la Comunidad, manteniendo a la plantilla actual, dotándola de medios para poder cumplir con su trabajo y en colaboración con pequeñas y medianas empresas de la Región, "que pagan impuestos aquí y que, a la vez, generan empleos inmediatos y riqueza aquí".

La ejecutiva socialista pregunta al consejero qué intereses está defendiendo, ¿el interés general u otro tipo de intereses?, "echando a empleados públicos a la calle, con el consiguiente drama familiar que supone, no va arreglar el déficit público, y todo parece indicar que lo que busca en realidad es privatizar el servicio, una privatización que, como casi todo lo que hace el PP, nos cuesta más dinero a todos".

Por ello, el PSRM exige a Sevilla que paralice de inmediato esa medida y "que haga valer la autoridad que le da ser el consejero de Obras Públicas".

Igualmente le reclama que reconsidere la privatización de los servicios, "pues de lo contrario, afianzará el convencimiento de que se gestiona mal y al margen del interés de todos los ciudadanos".