El empresario valenciano Miguel Zorío puso de manifiesto ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, que le dio la impresión, en una conversación que mantuvo con Iñaki Urdangarin y con el colaborador de éste José María Treviño, de que al Duque de Palma le parecía normal disponer de dinero en el extranjero, lo que interpretó por el "silencio" con el que Urdangarin parecía dar por bueno este asunto.

Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado cómo, en la declaración que prestó como imputado este lunes, Zorío explicó que fue al salir de un restaurante cuando Treviño comenzó a hablar de este asunto, al explicar que tenía una cuenta en Suiza y dando a entender, según el declarante, que se dedicaba al manejo de dinero para su traspaso fuera de España.

A juicio del consultor valenciano, la lectura que se hacía de las explicaciones de Treviño era que tener dinero en el extranjero era "lo más normal", respecto a lo cual el Duque permaneció en silencio, lo que Zorío interpretó en el sentido de que el yerno del Rey Don Juan Carlos estaba avalando lo que decía su colaborador.

Durante el interrogatorio, el magistrado le inquirió en torno a un contrato de la empresa Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL) por el que Urdangarin habría cobrado en una cuenta suiza 140.000 euros supuestos servicios de búsqueda de inversores que no llegaron a fructificar, una operación de la que Zorío se desvinculó. Según la Fiscalía, inicialmente el Duque pactó percibir 125.000 euros trimestrales junto a su colaborador José María Treviño.

La Fiscalía sostiene que fue a principios de 2008 cuando Urdangarin se puso en contacto con el presidente de AGVAL, Eugenio Calabuig, para impulsar estos proyectos, por los que finalmente la mercantil abonó tres facturas por un total de 375.000 euros.

Treviño habría utilizado a un testaferro en suiza

A efectos de mantener la opacidad de las transacciones, el Ministerio Público postula que Treviño habría utilizado los servicios de otro supuesto 'hombre de paja', Robert Cockx, quien cedió su empresa Alternative General Services, cuya cuenta corriente estaba radicada en Laussane (Suiza), cobrando un 5 por ciento de las operaciones a cambio de figurar en las mismas.

Así, el contrato entre Urdangarin y Treviño con Calabuig fue suscrito formalmente por Cockx en representación de Alternative, todo ello por la búsqueda y localización de proyectos de inversión que finalmente no se realizaron, lo que motivo la rescisión del acuerdo rubricado.

Fue entonces cuando Cockx, presuntamente por orden del Duque de Palma y su colaborador, emitió tres facturas contra AGVAL por un importe global de 375.000 euros, que fueron transferidos en la cuenta corriente de Cockx en Suiza. Acto seguido, el presunto testaferro, tras descontar su 5 por ciento, traspasó la cantidad restante a otra cuenta del país suizo perteneciente a la empresa Star Opcions, perteneciente a Treviño.

De este modo, desde la cuenta del colaborador del marido de la Infanta Cristina finalmente se realizó otra transferencia, por importe de 140.000 euros, para el pago de los servicios del propio Urdangarin, según sostienen los investigadores.