Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado este miércoles la norma foral de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales del territorio histórico, con el apoyo de los junteros del PNV, Bildu y PSE-EE, mientras que el PP ha votado se ha abstenido en algunos artículos y ha votado en contra de otros.

Todas las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Popular han sido rechazadas al contar únicamente con el respaldo de sus apoderados.

El portavoz de la Diputación de Bizkaia y diputado de Presidencia, Unai Rementeria, ha enmarcado la norma foral en "la singularidad" otorgada por el Concierto Económico en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales, así como en la tutela financiera que corresponde a la institución foral.

Rementeria ha explicado que la nueva norma contempla, como "principios fundamentales, la estabilidad, la sostenibilidad referente a la deuda, la regla de gasto y la transparencia". En función de esta norma, las entidades locales deberán cumplir los objetivos acordados, en relación a los dos primeros, en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

El texto incorpora, en la regla de gasto, "la referencia a la parte de gasto financiada por la gestión urbanística para hacer posible que no escape del control de los propios ayuntamientos".

Además, posibilita el empleo de todos los remanentes de tesorería o "ahorros anteriores" generados por los ayuntamientos para "poder ser gastados" y, en relación a los ahorros" del ejercicio 2012 y siguientes, podrán ser empleados para gasto en función del grado de endeudamiento vivo que tenga la entidad".

De esta manera, ha indicado el diputado, se pretende "romper con la máxima del empleo de la austeridad" en el caso de instituciones locales que se encuentren en situación "saneada", según ha asegurado, "la práctica mayoría" de los ayuntamientos vizcaínos.

También implanta un control y seguimiento de las previsiones presupuestarias y su ejecución mediante actuaciones preventivas y se determina la obligación, para quienes lo incumplan, de aprobar planes económicos financieros que deberán ser comunicados a la Diputación".

Asimismo, ha destacado que, dado "el óptimo" balance de la situación de la deuda de los ayuntamientos de Bizkaia, "un 20 por ciento sobre ingresos corrientes respecto al objetivo de deuda que se fija en un 60 por ciento, la norma posibilita también financiación de proyectos estratégicos de inversión de forma individualizada", con la autorización de la Diputación.

En la defensa de sus enmiendas, el juntero del PP Eduardo Zorrilla-Lequerica ha considerado que el texto propuesto podría haber "avanzado más" en materia de transparencia y de medidas correctivas. "Se trata de que todas las administraciones públicas queden articuladas y comprometidas en la consecución del equilibrio presupuestario", ha indicado.

El apoderado ha considerado que debería reducirse los distintos plazos establecidos para, por ejemplo, "acelerar la corrección de desequilibrios". En este sentido, ha planteado que, en el resto del Estado, "tienen un plazo de un mes para evitar el riesgo de incumplimiento", mientras que en Bizkaia sea de tres meses.

"se ha escuchado" a los ayuntamientos

Por su parte, la portavoz del PNV, Lorea Bilbao, ha asegurado que "esta vez sí se ha escuchado a los ayuntamientos" y ha destacado que se ofrecen soluciones "concretas y viables", con respeto a la autonomía financiera.

Según ha indicado, se basa en un diagnóstico "certero" y propone las medidas correctoras necesarias, al tiempo que garantiza la estabilidad presupuestaria e impulsa el crecimiento, entre otras cuestiones.

El representante de Bildu Joseba Gezuraga ha advertido de que "la raíz del problema es más profunda" ya que existe un problema de financiación municipal, el modelo de Udalkutxa, la no presencia en el Consejo Vasco de Finanzas "en pie de igualdad", la inexistencia de una ley Municipal vasca para que se delimiten las competencias y obligaciones de los ayuntamientos.

La juntera del PSE-EE Alexia Castelo ha resaltado que la nueva norma "abre la puerta" a las entidades locales para impulsar la incentivación económica. Castelo ha censurado que la "obsesión" por la reducción del déficit del Gobierno central y ha subrayado que "el mal del estado" no radica en la deuda de los ayuntamientos, sino que se debería apuntar a "otros actores" a los que se entregan "ingentes cantidades" de dinero.

El PP, según ha indicado la apoderada socialista, cree que "es un error dar margen" a los ayuntamientos, pero lo que es "un error" es intentar "maniatarlos".