La consejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP), y el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, han acordado este martes en Madrid formalizar "un protocolo de intenciones" que permita iniciar las expropiaciones de los terrenos afectados por las actuaciones que desarrollarán ambas Administraciones en la zona comprendida entre la frontera del Tarajal y la barriada de La Almadraba.

Este documento reemplazará al convenio que inicialmente tenían previsto firmar las dos partes. El cambio de fórmula responde "únicamente", según ha indicado el Ejecutivo ceutí en un comunicado a los medios, a la intención de "acelerar los trámites y, principalmente, las expropiaciones". "El protocolo es un instrumento más ágil que el convenio, ya que permite actuar de inmediato, y por eso hemos optado por él, aún cuando en realidad el texto del acuerdo es el mismo", ha apuntado Román.

Ciudad y Ministerio de Fomento unirán así sus planes para el entorno del paso fronterizo, una zona "urbanísticamente degradada" para la que se proyecto una rehabilitación integral. El Estado, que este mismo martes ha abierto un tercer carril en la carretera nacional que lleva a la frontera para evitar colapsos con el inicio de la fase de tráfico más intensa de la Operación Paso del Estrecho (OPE), proyecta ampliar el vial a cuatro carriles y la Ciudad tiene incluido en su Plan de Inversiones 2012-2016 la reforma integral de La Almadraba a través de un Plan Especial cuya ejecución supondrá "un desembolso de 5,4 millones de euros".

Román ha aprovechado su viaje a la capital para reunirse también con el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), Fernando Villayandre, y el máximo responsable de la Dirección General de Infraestructura, Eduardo Zamarripa, del Ministerio de Defensa.

Esta cita ha servido para "seguir avanzando en el convenio que se prevé formalizar para la cesión a la Ciudad de suelo militar." En el encuentro el Gobierno local ha presentado un avance con las valoraciones iniciales de las parcelas que pretende que le sean cedidas "sin tener en cuenta las cargas, servidumbres y afecciones que pudieran tener ni si los terrenos son necesarios para la defensa nacional".

Estos aspectos serán determinados por el trabajo que deben efectuar los técnicos de Ciudad y Defensa, que se abordará "de manera inmediata". Un vez que se supere este "filtro técnico", se elaborará un borrador de convenio entre la Dirección General de Infraestructura de Defensa y la Administración local, que será sometido al control previo de legalidad por parte del Ministerio de Fomento, como autoridad urbanística.

El contenido de este acuerdo será incluido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el Gobierno quiere someter en los próximos meses a la aprobación por parte del Pleno de la Asamblea. La fecha en la que se dará este paso dependerá "del tiempo que dure ese trabajo técnico".