La Ley de Galleguidad que impulsa la fusión de centros gallegos en el exterior ha contado únicamente con el voto positivo de los populares, que lamentan que los grupos de la oposición mantengan el no a una normativa la cual, según ha manifestado la portavoz del PPdeG, Paula Prado, es la que quiere la comunidad en el exterior.

El debate final de esta ley, que viene a sustituir la vigente desde 1983, no ha dado lugar a sorpresas y, desde el primer momento, PSdeG, AGE y BNG anunciaron su voto en contra del dictamen de la normativa, en la que echan en falta que se reconozcan los "derechos ciudadanos" de los emigrantes.

En su defensa del dictamen final, la diputada popular Paula Prado ha criticado que la oposición "se arroga a la lengua y a la cultura", pero olvida la "proyección económica" que es "muy importante para la internacionalización" de la economía. Fundamentalmente, estas críticas se las dirigió a Xabier Ron, quien acusó a los populares de imprimir una visión "mercantilista" a la ley.

La diputada socialista Marisol Soneira ha criticado que "olvida los derechos" de los ciudadanos en el exterior, que "no son edificios", y ha lamentado que no reconozca los derechos individuales, sino que, por ejemplo, para acceder a ayudas públicas, habrá que hacerlo a través de los centros, "convenientemente domesticados".

CIUDADANÍA

La normativa también tiene por objeto establecer el marco jurídico en el que se desarrollarán las políticas y actuaciones de apoyo al retorno impulsadas por la Administración autonómica a favor de las personas retornadas.

Pero esta situación (que tuvo que recogerse en una enmienda del PP al no ser incluida en el proyecto inicial enviado pro el Gobierno al Parlamento) no es suficiente para los grupos de la oposición, que critican que sólo se hable de la figura del retornado.

En este sentido, tanto para Francisco Jorquera, como para Xabier Ron (AGE), esta normativa obvia aspectos de la "ciudadanía" gallega que, al menos, deberían ser recogidos sino en esta normativa en otra, como propuso el diputado de Alternativa, quien la tildó de "sumisión ideológica centralista estatal".

Paula Prado defendió que existe un marco estatal para definir la ciudadanía y aseguró que los ciudadanos eligen "libremente" empadronarse fuera de Galicia. Sin embargo, el diputado del BNG aseguró que la mayor parte de los emigrantes lo hacen "obligados" y cambian su domicilio no de forma libre, y criticó que un gallego en la Córdoba argentina tenga derechos en Galicia, que no tiene uno que esté en la Córdoba andaluza.