La diputada nacional del PSOE por Huelva María José Rodríguez ha pedido al PP este martes, durante el debate en el Congreso de toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica aprobada hace año y medio por el Parlamento andaluz para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución, que no rompa la unanimidad que se dio en su día en torno a esta reivindicación, porque si no, se evidenciará que su posición era un "engaño".

Durante su intervención, Rodríguez ha indicado que el PSOE apoya esta iniciativa, de la misma manera que han apoyado siempre las aspiraciones de autogobierno de Andalucía. Ha señalado que esta iniciativa es la continuidad de una aspiración que se plasmó en el Estatuto en 2007.

Tras señalar que el Guadalquivir nace y muere en Andalucía, en un recorrido de este a oeste que baña las ocho provincias andaluzas, al tiempo que más de la mitad de la población de esa comunidad se asienta en su cuenca, ha expresado que estamos ante un debate que no es fruto de un "capricho político", sino que ha sido avalado por el Estado a través de las Cortes Generales cuando se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía.

Ha agregado que hoy abordamos un "debate de índole política y no jurídica" y que se está poniendo sobre la mesa la legítima aspiración de una comunidad que es posible satisfacer en el actual marco constitucional.

Rodríguez ha expuesto que lo que se somete a consideración es una ley orgánica de delegación de competencias, lo que significa que la titularidad de las competencias siguen estando albergadas en el Estado, que se reserva aquellas potestades que son indelegables, como las que tienen que ver con el régimen jurídico y planificación de la cuenca.

Para la diputada socialista, el PP no es capaz de argumentar hoy el no a lo que antes dio el sí y ha reprochado al Gobierno central un modelo que convierte el agua en mercancía, con un plan hidrológico para cuya elaboración no se cuenta con la comunidad andaluza.

"Si hoy se rompe la unanimidad, comprobaremos que el consenso no era tal, sino que era un engaño", ha indicado la diputada socialista en relación con la posición contraria del PP a la toma en consideración de la iniciativa. Ha apelado al consenso y ha pedido al PP que no rompa la unanimidad, porque "siempre hemos entendido que lo que era bueno para Andalucía era bueno para España".

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE-A y diputado en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha manifestado ante el Pleno del Congreso, en defensa de la iniciativa, que esta comunidad está reclamando lo que le corresponde "en justicia", al tiempo que se hace un "ejercicio de responsabilidad y honestidad" en la actual situación económica.

Durante su intervención, ha manifestado que el Guadalquivir, el "gran río" del sur y de Andalucía, cohesiona todo un mapa histórico, social, económico y emocional, y vertebra todo el territorio andaluz en torno a su cauce. Ha apuntado que el 99 por ciento de los usos del río están en Andalucía y el cien por cien de la superficie protegida también está en esta comunidad.

No obstante, ha indicado que, más importante que los números son los miles de andaluces que dependen de sus aguas, que viven y trabajan en torno al Guadalquivir, del que dependen sectores tan importantes de la economía andaluza, como el turismo y la agricultura.

Ha señalado que durante los tres años en que Andalucía gestionó las aguas del Guadalquivir, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió dicha gestión, se hizo de manera eficiente y exitosa, de manera que se abasteció al cien por cien de la población y se regularizó la situación de 200.000 hectáreas.

Según Mario Jiménez, la media de asuntos resueltos en esos tres años es superior en cien veces a lo realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 75 años de historia.

Ha indicado que si bien Andalucía acató la sentencia del TC, no renuncia a la aspiración legítima de gestionar las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por su territorio. Ese río, según ha recalcado, es un elemento fundamental para nuestra economía y desarrollo, además de un elemento plenamente identificado con esta comunidad. "El Guadalquivir no necesita ser nombrado, es nuestro río con mayúsculas", ha apuntado.

Ha manifestado que la iniciativa defendida este martes se ampara en artículo 150.2 de la Constitución, con lo que tiene un pleno encaje jurídico y constitucional, al tiempo que ha recordado que tuvo el "respaldo unánime" de los grupos del Parlamento andaluz, un mandato de esa institución que ningún grupo ahora puede "obviar sin caer en una deslealtad hacia Andalucía y su autonomía".

Ha afirmado que lo que se plantea en la iniciativa también respeta escrupulosamente el principio de unidad de gestión, superando así uno de los escollos con los que nos hemos encontrado a la hora de gestionar las aguas, al tiempo que hay una apuesta por la coordinación y una labor conjunta de todas las administraciones para prestar el mejor servicio a los ciudadanos.

Un ejercicio de responsabilidad

Ha señalado que reclamar esa gestión es además un "ejercicio de responsabilidad y honestidad" en la actual situación económica. Ha apuntado que todos los gastos derivados de la ejecución de funciones y servicios serían asumidos por la Junta, que "recibe las competencias, pero asume los gastos".

Mario Jiménez se ha mostrado convencido de que es una iniciativa que "tiene la virtud de cuadrar el círculo, respeta escrupulosamente la sentencia del TC y da respuesta a la voluntad del pueblo andaluz", al tiempo que se asegura una gestión del Guadalquivir más cercana y coherente tanto con el Estatuto de Autonomía como con el estado autonómico.

Para Mario Jiménez, negar esta posibilidad a Andalucía sería negarle lo que le corresponde en justicia y en virtud de su capacidad de autogobierno. Ha recalcado que Andalucía solo pide lo que entiende que le corresponde por ley y en justicia.