PP de Barakaldo propone que el Consistorio evalúe a los beneficiados del Fondo Social de Vivienda

Urge al Ayuntamiento a tomar la iniciativa para cerrar acuerdos de colaboración con las entidades de crédito

La portavoz del PP de Barakaldo (Bizkaia), Amaya Fernández, urgirá al Ayuntamiento a tomar la iniciativa para cerrar acuerdos de colaboración con las entidades de crédito con la finalidad de que sea el Consistorio, a través de los servicios sociales, el encargado de realizar la evaluación de los beneficiarios del Fondo Social de Vivienda, en sustitución de los bancos y cajas de ahorro.

En rueda de prensa, Fernández ha explicado el contenido de la moción que el grupo popular llevará al próximo pleno. La petición de los populares se basa en la reciente adhesión de Barakaldo al Convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas para las personas afectadas por desahucios impulsado por el Gobierno de España.

Según ha recordado, el Convenio fue suscrito el pasado 17 de enero por la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, entidades financieras y la Plataforma del Tercer Sector, y tiene por objeto promover la creación, por parte de las entidades de crédito, de fondos sociales de vivienda en el marco del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.

Fernández ha señalado que la cláusula quinta del convenio que describe el procedimiento de asignación de las viviendas establece que las entidades de crédito podrán llegar a acuerdos de colaboración con los ayuntamientos con el fin de que sean estos los que realicen la evaluación del cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes, admitiendo aquellas solicitudes que efectivamente cumplan los requisitos. "Obviamente, las instituciones públicas -a diferencia de las entidades privadas- tenemos como finalidad la protección del interés general", ha dicho.

La finalidad de este Fondo, ha precisado, es la puesta a disposición de viviendas de propiedad de las entidades de crédito para su arrendamiento. La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 euros y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años. No obstante, el contrato se prorrogará un año más siempre que se sigan cumpliendo las condiciones iniciales.

Los beneficiarios serán las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual con posterioridad al 1 de enero de 2008 y cumplan, entre otras, condiciones como que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas, y que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008.

En cuando a las condiciones a cumplir en el momento de presentación, se recoge que el conjunto de los ingresos de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que para el año 2013 se ha fijado en 532,51 euros al mes.

Asimismo, ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá disponer de vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda. Además, se deberán encontrar en un supuesto de especial vulnerabilidad.

En la actualidad, en el Fondo Social hay publicadas 62 viviendas en el País Vasco, de las cuales 25 están en Bizkaia. "Cada una de esas 25 viviendas es una oportunidad de ayudar a una familia que haya sido desahuciada", ha subrayado Fernández.

"Me alegra que los dirigentes socialistas de Barakaldo reconozcan con esta adhesión que el gobierno de Rajoy trabaja y es sensible a los problemas de las personas que sufren desahucios. Algo que el gobierno socialista no hizo cuando gobernaba, limitándose a mirar para otro lado", ha afirmado, para advertir de que, ahora, "toca profundizar en el convenio suscrito para que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad y que le hayan desahuciado de su vivienda se vea con el cielo por arriba y la tierra por abajo".

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