"La UE no es un conjunto de instituciones o de Estados miembros, sino un grupo de 500 millones de ciudadanos». Esta frase de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, resume bien la intención del ejecutivo comunitario de cara a este 2013, Año Europeo de los Ciudadanos: acercar la UE a sus habitantes y darles a conocer los múltiples derechos y ventajas que comporta ser un ciudadano de pleno derecho de la Unión.

Este 12 de junio se celebra el 28 aniversario de la firma del tratado de adhesión de España a la Comunidad Europea; además, el Tratado de Maastricht –el que dio carta de naturaleza al concepto de ciudadanía europea– cumple 20 años; momento para recordar qué supone ser parte del proyecto comunitario. Lejos de tópicos casi abstractos como tecnócratas, memorandos de entendimiento o políticas de ajuste, las autoridades europeas aspiran este año a convencer a los ciudadanos de que ser europeo no es un concepto vacío, y que supone derechos y beneficios ya básicos en nuestra vida diaria.

Derecho de voto. Todos los ciudadanos de la Unión Europea que vivan en un Estado miembro distinto al suyo de origen tienen derecho tanto al sufragio activo (ser elegidos) como al pasivo (elegir a sus representantes) en las elecciones municipales y europeas, en las mismas condiciones que los nacionales. En un país como España, con millones de residentes extranjeros, esta circunstancia se ha traducido en la cada vez más frecuente presencia de concejales procedentes de otros países miembros. En las municipales de 2011 más de 473.000 electores llamados a votar eran extranjeros residentes, según datos de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

Derecho de petición al Parlamento Europeo y de queja al Defensor del Pueblo. Aunque pueda parecer una institución lejana, la normativa europea contempla la posibilidad de que cualquier ciudadano de la UE o bien un grupo asociado pueda plantear preguntas, peticiones o quejas al Parlamento Europeo, siempre que se circunscriban a las atribuciones de la propia Unión. ¿Para qué sirven estas peticiones? Pueden tener diversas funciones: resolver dudas sobre la aplicación de cualquier normativa europea, pedir una determinada posición de la eurocámara ante un asunto concreto, llamar la atención sobre una irregularidad o violación de cualquier derecho de los ciudadanos europeos por parte de instituciones públicas o Estados... A este derecho se suma el que permite presentar una queja al Defensor del Puebloeuropeo (el Ombudsman), la organización independiente encargada de investigar las denuncias sobre mala gestión pública a nivel europeo. Como ejemplo, la asociación de usuarios de banca Adicae presentó en diciembre una queja ante el Ombudsman tras las pérdidas impuestas a dueños de preferentes y subordinadas.

Derecho a la protección consular. La Unión hace la fuerza. Entre los derechos fundamentales de la ciudadanía europea está el de –en caso de necesidad de ayuda– ser protegido en cualquier consulado o embajada de cualquier otro país de la UE en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Así, para aquellos viajeros españoles que visiten países en los que España no tenga una presencia consolidada, siempre existirá una opción segura en la embajada o consulado de cualquier socio. Según las propias autoridades europeas, este derecho constituye un «instrumento esencial» en caso de catástrofes como la tragedia del tsunami del océano Índico en 2004 o en conflictos bélicos como los últimos registrados en África y Oriente Próximo, donde la presencia de misiones diplomáticas es irregular. Pese a la evidente utilidad de este principio europeo, la ciudadanía y (en ocasiones) los propios funcionarios diplomáticos desconocen este derecho continental a la protección.

Derecho de iniciativa ciudadana europea. La Unión Europea no solo pone en marcha normativas y propuestas de los Estados y de las instituciones europeas. Gracias a la opción de la Iniciativa Ciudadana Europea, cualquier persona u organización que aglutine al menos un millón de firmas de al menos cuatro países de la UE puede pedir a la CE que proponga nuevas legislaciones para todo el ámbito de la Unión. El pasado mes de enero, por ejemplo, el ejecutivo comunitario admitió a trámite una iniciativa que promueve la puesta en marcha de una renta básica.

Derecho de libre circulación. Es una de las ventajas más palpables para los ciudadanos de lo que supone ser miembro de la Unión. Desde la firma del Tratado de Maastricht se ha consagrado la libre circulación y residencia de nacionales de cualquier país de la UE. Así, cualquier español tiene derecho a entrar, residir y permanecer en cualquier otro Estado simplemente presentando su pasaporte o DNI. Esta prerrogativa se amplía además al ámbito laboral y económico, con la simple presentación de un certificado de empleo o autoempleo. La libertad de movimientos también beneficia a los jubilados, que pueden trasladarse a cualquier país de la Unión si demuestran unos recursos económicos suficientes. Esta libre circulación tiene una de sus señas de identidad en el programa Erasmus, que permite a universitarios de toda Europa completar sus estudios en universidades de otro país miembro.

Derechos que protegen al consumidor. La UE no solo es un ámbito jurídico y ciudadano único, lo es también comercial. Así, se han consagrado derechos para proteger a los consumidores. Entre otras salvaguardas, no pueden sufrir discriminación de precios frente a nacionales de cualquier país miembro, o tienen derecho a que se les devuelva el dinero de un producto o servicio que no funcione como se anuncia. La normativa comunitaria es especialmente extensa en las compras por la Red: la nueva directiva europea al respecto (en vigor en junio de 2014) conlleva eliminar cualquier coste oculto, prohibir casillas marcadas de antemano y un derecho de devolución y reembolso de hasta 14 días.

Derechos que protegen al viajero. El espacio europeo único ha conllevado una normativa común sobre viajes aéreos, ferroviarios, fluviales y por carretera. Así, se reconoce el derecho de los ciudadanos (en toda la UE) a ser compensados por retrasos y cancelaciones, así como a no ser discriminados en el acceso al transporte. Esto supone que cualquier persona con movilidad reducida tiene derecho a acceder y ser asistido sin ningún coste adicional. Se contempla también la obligación de los transportistas de ocuparse de pasajeros y equipajes.

No hay mejor promoción que dar la cara y responder ante los ciudadanos. Al menos esta parece ser la convicción de la Comisión Europea (CE), que durante este año y el siguiente promoverá debates y diálogos abiertos (ver este enlace para las fechas y lugares) en los que sus más altos cargos explicarán qué significa formar parte de la Unión Europea (UE), así como los derechos y las ventajas que lleva aparejado. Pero como en cualquier diálogo que se precie, los comisarios se han comprometido también a escuchar a los ciudadanos y responder a sus cuestiones acerca del presente y el futuro europeos.

Pese a los indudables éxitos y la prosperidad logrados, la crisis económica y del euro han situado de nuevo en el centro del debate la existencia misma de la Unión Europea. ¿Tendemos hacia una mayor cesión de soberanía o hacia un debilitamiento de la UE? A pesar de que dos de cada tres europeos sienten que su voz no tiene peso en las decisiones que se toman en el ámbito de la Unión, la CE insiste en que los ciudadanos europeos (y por ello también los españoles) tienen mucho que decir en este asunto.

Una ocasión crucial para que estos puedan hacerse oír tendrá lugar en las próximas elecciones al Europarlamento, que se celebrarán entre el 22 y el 25 de mayo de 2014. Esta será la primera vez en la que los parlamentarios europeos podrán elegir al presidente de la Comisión Europea. «Tenemos que construir nuestra casa europea en colaboración con los ciudadanos; no construirla y preguntarles después si quieren vivir en ella», ha explicado la vicepresidenta de la CE, Viviane Reding, que en septiembre de 2012 presentó en Cádiz el primero de estos diálogos con los ciudadanos.