La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, que representa a más de 50.000 regantes en toda Andalucía, ha expresado su rechazo a la proposición de Ley Orgánica que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados para la delegación de competencias a la comunidad andaluzas de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución y le ha advertido a los grupos parlamentarios que la delegación de competencias del Guadalquivir a Andalucía es inconstitucional.

En una nota, Feragua ha advertido a los grupos parlamentarios que este martes decidirán sobre el inicio de la tramitación de esta norma que el retorno de las competencias a la administración andaluza por la vía del artículo 150.2 "no tiene encaje constitucional y está abocada al fracaso y al ridículo de sus promotores" y acabará del mismo modo que la "frustrada" transferencia tumbada por el Constitucional en marzo de 2011.

Feragua ha apuntado que los informes jurídicos que maneja y que ya puso a disposición de los grupos parlamentarios andaluces hace año y medio "señalan que la delegación de competencias del Guadalquivir es claramente inconstitucional y subrayan en esta dirección que, ya en la sentencia sobre el Duero, también de marzo de 2011, el propio Tribunal Constitucional dejó clara la 'imposibilidad' de que la Comunidad de Castilla y León pudiera asumir las competencias de esta Cuenca 'por cualquier vía', incluida la del artículo 150.2, que ahora invocan la mayoría de fuerzas políticas andaluzas".

La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, ha subrayado que, "de seguir adelante por este camino, el Parlamento español estaría actuando en dirección contraria no sólo de la doctrina del Constitucional, sino de las leyes comunitarias europeas, que consagran, en política de aguas, el principio de unidad de cuenca frente a otro tipo de fronteras administrativas".

Ha advertido además que seguir avanzando por esta vía "sólo va a conducir a la judicialización de la gestión de la cuenca y a devolverla a la situación de desconcierto, caos y desgobierno que sufrieron los usuarios de la Cuenca, y sus propios profesionales, 'hace demasiado poco tiempo'".

Asimismo, ha recordado que la experiencia de gestión del Guadalquivir por parte de la administración andaluza fue "catastrófica", con "inversiones paralizadas, conflictos territoriales entre provincias, politización de la gestión y gastos desorbitados". Ha calificado, por todo ello, esta iniciativa como "una pérdida de tiempo y de dinero", y ha señalado que le parece "lamentable" que los políticos andaluces "se dediquen a estas cosas mientras el paro y la crisis desangran nuestra economía".