El exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y actual secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha insistido en que nunca ha llamado a nadie respondiendo así a las acusaciones del chofer del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, sobre sus llamadas para "colar" a intrusos en los ERE fraudulentos de Andalucía.

Zarrías ha realizado estas declaraciones, preguntado en una rueda de prensa ofrecida en San Sebastián, con motivo de una jornada con responsables de ayuntamientos guipuzcoanos sobre el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Asimismo, ha indicado que no tiene "ni la más remota idea" a qué se refieren, pero habrá que preguntarle "al susodicho o a su abogado defensor que le formuló la pregunta qué razones le llevan a imputar cualquier tipo de falsedad".

La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, opinó este martes que "no hay absolutamente nada" contra el actual secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y en este sentido, Zarrías ha señalado que "no solamente lo dice la portavoz", sino que la Guardia Civil también lo confirma en un documento al que ha tenido acceso.

En este documento se dice "con claridad" que no hay ningún elemento de prueba que defina una relación de Zarrías con los imputados por el caso de los ERE fraudulentos y que "son meras conjeturas carentes de validez".

El exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía ha destacado que "no hace falta que lo diga la Guardia Civil", ya que él no tiene "absolutamente nada que ver con estos señores, que presuntamente han cometido una serie de importantes delitos" sobre los que espera que la justicia actúe "con toda contundencia y que sobretodo caiga sobre ellos todo el peso de la ley".

Finalmente, ha denunciado que "intentan con la tinta del calamar manchar a más gente", pero ha reiterado que en su caso "no solamente es absolutamente falso" sino que tiene la conciencia "absolutamente tranquila".

La Fiscalía de Sevilla ha pedido nueve años de cárcel para Eduardo Leal del Real y ocho años y medio para Juan Francisco Algarín, ambos imputados como testaferros en el caso de los ERE falsos, acusados ahora de un presunto fraude fiscal en las declaraciones del IVA de su empresa.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, imputa a ambos falsas declaraciones del IVA en la empresa Servicios Inmediatos de Andalucía, propiedad de Leal del Real, con una cuota defraudada de 188.456 euros en 2002 y 175.239 euros en 2003.

Según el fiscal, "con la única intención de no ingresar al Tesoro Público la totalidad del IVA recaudado", Leal del Real presentó declaraciones falsas del impuesto soportado y repercutido, mediante la declaración de unas "compras a proveedores muy superiores a las que estos le imputaban y unas ventas muy inferiores a las declaradas por sus clientes".