El Ayuntamiento de Alzira (Valencia) ha tomado posesión este lunes de las primeras cuatro viviendas en vías de expropiación a entidades bancarias por incumplir la Ley Urbanística de la Comunidad Valenciana. Se trata de los primeros cuatro inmuebles, del distrito de l'Alquerieta, que formarán parte del Plan Alzira Social, que pretende expropiar viviendas a aquellos propietarios que no cumplan con las obligaciones de habitabilidad de las viviendas, para reformarlas con la contratación de desempleados y ponerlas a disposición de familias necesitadas.

La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, acompañada de técnicos municipales de urbanismo, ha tomado posesión este lunes de las primeras cuatro viviendas del Plan Alzira Social, que se encuentran en proceso de formar parte del patrimonio municipal. Las viviendas ya han sido inscritas con anterioridad en el Registro Municipal de Solares. El siguiente paso para que sean de propiedad municipal es que el Ayuntamiento redacte los proyectos definitivos para poder inscribirlas en el Registro de la Propiedad.

Con esta toma de posesión "el proyecto Alzira Social ya es un hecho constatable y el Ayuntamiento va ya a darle cuerpo a ese objetivo último que es poder ofrecerle esas viviendas a familias y personas necesitadas de la localidad", ha manifestado la alcaldesa Elena Bastidas.

En este sentido, Bastidas ha señalado que los técnicos municipales están preparando los proyectos de obra para rehabilitar las casas, fijar el justiprecio de cara a las entidades bancarias propietarias de los inmuebles y finalmente, aprobar los documentos urbanísticos necesarios que serán remitidos al Registro de la Propiedad para que las viviendas sean inscritas como patrimonio municipal.

Simultáneamente, desde el departamento de Sanidad y Promoción Económica, ha explicado la alcaldesa, se están elaborando las bases para la contratación de desempleados de Alzira cualificados para los trabajos de rehabilitación de los inmuebles, una vez hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad como municipales. Para las obras en estas primeras cuatro viviendas se espera contratar a entre 12 y 15 personas, ha anunciado la alcaldesa.

"Al tomar posesión, significa que los propietarios que hasta la fecha eran las entidades bancarias ya no van a poder acceder a esos inmuebles y por lo tanto eso es algo muy importante", ha remarcado Bastidas, quien ha señalado también que se han iniciado los expedientes administrativos de otras diez viviendas más, que se espera sean de propiedad municipal, junto a las cuatro a las que el Consistorio ha accedido este lunes, a finales de año.

El consistorio estima que el coste de justiprecio que deberá abonar a las entidades bancarias, actuales propietarios de las viviendas, ronda los 10.000 euros de media por vivienda "cuatro veces por debajo del valor reflejado en las páginas web de esas entidades bancarias", ha hecho hincapié la alcaldesa de la localidad. En cuanto a los costes de las reformas se estima en unos 20.000 euros por vivienda, ha explicado Elena Bastidas.

La alcaldesa ha asegurado que espera que a final de año, ya se pueda entregar alguna de las cuatro viviendas de las que el Consistorio ha tomado posesión este lunes.

Proyecto "pionero" en españa

La alcaldesa de Alzira ha señalado a los medios de comunicación que se trata de un proyecto "pionero y referente" en España y que "nada tiene que ver con el proyecto que a posterioridad ha sido impulsado desde la Junta de Andalucía, ni por la forma, ni por la consistencia jurídica, ni por la temporalidad. No es un proyecto que coincida en ninguno de sus extremos. Es un proyecto, que desde el Ayuntamiento de Alzira estamos haciendo que sea pionero, de referencia, comprometido y sobre todo que pueda marcar un antes y un después de las actuaciones a desarrollar por Ayuntamientos, en un momento de extraordinaria necesidad".

Bastidas ha recordado que el proyecto Alzira Social nació en el mes de enero tras comprobar la gran cantidad de viviendas "de las que eran propietarias entidades bancarias, que presentan una serie deficiencias en base a la Ley Urbanística de la Comunidad Valenciana". Así ha señalado que estas deficiencias "estaban generando molestias a los vecinos e incluso habían sido ocupadas a la fuerza ilegalmente". En el distrito de l'Alquerieta se llegaron a tapiar 49 viviendas en esta situación.

El Ayuntamiento requirió a las entidades bancarias propietarias que "rehabiliten y tengan en condiciones de habitabilidad esas casas, si no hay una respuesta afirmativa por parte de esa entidad bancaria, el Ayuntamiento lleva la Ley Urbanística hasta el final de sus consecuencias".

"Lo que se quiere es expropiar, no jurídicamente porque el plazo sería de dos años, les expropiamos por incumplir sus obligaciones urbanísticas y por tanto, por ser incumplidores de esas obligaciones el Ayuntamiento lo lleva hasta el final e inscribe esos inmuebles en el Registro Municipal de Solares", ha destacado la primera edil.