Pues bien, las instituciones abonarán su parte, pero los usuarios también. Dichas reformas supondrán una subida de la factura del agua, pese a que el delegado de Emasagra, Sebastián Pérez, dijo en octubre que se mantendrían las tarifas.

El acuerdo granadino establece un canon de mejora (así se llama) que los ayuntamientos aplicarán en nuestros recibos, según el delegado de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez. Se trata de un concepto extra que aparecerá en la factura del agua, similar al que comenzará a aplicarse en Sevilla justo después de las elecciones. En Granada capital, por ejemplo, aún seguimos pagando un canon por inversiones que Emasagra realizó en la década pasada.

Nuestro bolsillo empezará a notar el encarecimiento del servicio «dentro de unos ocho años, cuando se terminen de hacer las infraestructuras», estima Sánchez.

El canon de mejora se aplicará de forma gradual: cinco céntimos por metro cúbico consumido el primer año (lo que implica una subida media de 3,5 euros anuales por persona); diez céntimos el segundo (7 euros), 15 céntimos el tercero (10,5 euros) y la misma cantidad a partir del cuarto, incrementada en un 2% más cada año. El convenio tiene una duración de 25 años.

Cambios prioritarios

El ciclo integral del agua implica la ejecución de una batería de reformas en las redes de abastecimiento, depuración y almacenamiento del líquido. En primer lugar, se construirá un nuevo depósito en Granada capital de 60.000 metros cúbicos, infraestructura que costará diez millones de euros. En un segundo orden de prioridades se encuentra la ampliación de las depuradoras del puente de Los Vados y Churriana, además de la instalación de colectores y canales de saneamiento en los municipios del área metropolitana.