Un total de 12 de los 22 detenidos en la operación Albatros, en la que la Policía asaltó en medio del Atlántico un pesquero de bandera senegalesa con 3.400 kilos de cocaína, pendiente del pesaje, han ingresado en prisión tras prestar declaración en los juzgados de Vigo, informaron fuentes judiciales.

Quedan por ser interrogados por la jueza de Instrucción 6, que dirige la operación, los cinco ocupantes —el capitán, de nacionalidad coreana, y cuatro tripulantes indonesios— del pesquero Riptide, que ha sido remolcado hacia el puerto de Vigo por la embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera Petrel.

El viernes desfilaron por el juzgado siete de los detenidos, los considerados miembros del entramado con mayor peso, de los que seis ingresaron en prisión y uno quedó en libertad provisional.

El sábado pasaron a disposición judicial ocho personas, para las que seis el juez decretó su ingreso en prisión y las dos restantes quedaron en libertad, al igual que las otras dos que este domingo han declarado.

Todos los detenidos, la mayoría de los cuales se han acogido a su derecho a no declarar, apuntan las fuentes, están imputados por sendos delitos de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de extraordinaria gravedad, pertenencia a organización delictiva y uso de un buque, circunstancia agravante.

El abordaje del pesquero en el que viajaba la droga fue llevado a cabo por la Policía, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, en la madrugada del 29 de mayo a medio camino entre Venezuela y las Azores.

La operación continuó en tierra y se precipitó por la urgencia de detener a uno de los responsables de la organización, enlace de la red exportadora de la droga en España y que tenía un vuelo previsto a Caracas.

Las detenciones se practicaron en la provincia de Pontevedra —Vigo, Oia y la comarca del Salnés—, así como en Ourense, gracias a un dispositivo policial coordinado por Greco-Galicia, de la Comisaría General de la Policía Judicial y la UDYCO de la jefatura de Galicia.

En total se practicaron diez registros en lo que se intervinieron dos armas de fuego reales, otra de balines y una simulada; ordenadores, teléfonos móviles, anotaciones relacionadas con embarcaciones, unos cinco mil euros en efectivo y varios vehículos.