La Junta plantea incentivar a empresas y particulares registrados para acabar con los alojamientos sumergidos

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha apuntado que la Junta está estudiando incentivar y plantear bonificaciones a aquellas empresas y particulares que inscriban su oferta de alojamiento y actividad turística en los registros oficiales, con la idea de acabar con la economía sumergida y la competencia desleal.

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha apuntado que la Junta está estudiando incentivar y plantear bonificaciones a aquellas empresas y particulares que inscriban su oferta de alojamiento y actividad turística en los registros oficiales, con la idea de acabar con la economía sumergida y la competencia desleal.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha recordado que la idea es "por un lado perseguir las actuaciones flagrantes a través de la acción de los inspectores, teniendo en cuenta nuestras limitaciones competenciales, y por otro lado conseguir que aflore esa actividad sumergida".

En ese sentido, ha indicado que "se plantean posibilidades", encaminadas a lograr que "las empresas que estén registradas obtengan ventajas y beneficios, pues actualmente a veces ven más cosas negativas que positivas".

"La idea es poner en marcha instrumentos para penalizar al que infrinja y para beneficiar al que se acoge a la normativa", ha agregado el consejero quien aboga por "establecer mecanismos legales para que esa practica aflore, se registre y compita en condiciones de igualdad".

De esta forma, ha indicado en que "se quiera incentivar a los alojamientos que estén fuera de los circuitos por falta de motivación pueda incorporarse en los registros porque esa motivación exista, así como impulsar líneas de beneficio y bonificar a empresarios que se registren".

Asimismo, la Junta pretende "hacer aflorar actividades que ahora mismo no están regladas, como el alojamiento de ciudad o las habitaciones con desayuno, entre otros", de manera que "puedan aflorar y competir en condiciones de igualdad". Rodríguez ha apuntado que la Junta pretende regular el alquiler de temporada "para evitar lagunas".

Rodríguez ha recordado que para todo ello se deberán acometer modificaciones normativas, como la normativa sobre registros o el decreto de apartamentos turísticos de 2010, que espera "tener lista la tramitación antes de que acabe el año, entre otras normativas. Apunta que esas modificaciones se efectuarán "con aportaciones del sector".

Tras reiterar que la actuación de los 39 inspectores turísticos está limitada al ser la inspección de competencia estatal, ha apuntado que el pasado año se efectuaron 5.450 inspecciones, de las que 992 fueron en hoteles, 63 en hoteles-apartamentos, 261 en hostales, 309 en pensiones; 784 en apartamentos turísticos, 155 en campamentos, 790 en casas rurales, 952 en viviendas turísticas y alojamiento rural, 374 en agencias de viajes; ocho en guías de turismo; 227 en turismo activo, 30 en oficinas de turismo y 77 ayuntamientos.

De esas inspecciones, se levantaron 358 actas de infracción, de las que se elevaron 66 actas de infracción en hoteles, nueve en hoteles y apartamentos, 22 en hostales, 38 en pensiones, 78 en apartamentos turísticos, 17 en campamentos, 47 en casas rurales, 32 en viviendas turísticas y alojamiento rural, 32 en agencias de viajes y dos en turismo activo.

En cuanto al Plan de Inspección 2013, recientemente aprobado, que cuenta con cinco líneas estratégicas, en el primer cuatrimestre del año ya ha realizado 1.219 actuaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa autonómica vigente.

De las cinco líneas estratégicas del Plan 2013, la primera línea del citado plan se centra en verificar el respeto a la ley sectorial en aquellos establecimientos de alojamiento que inicien su actividad, en empresas que trabajen como agencias de viajes y en casas rurales, entre otros programas más; mientras que la segunda hace referencia a las actuaciones para evitar la prestación de servicios turísticos de forma clandestina y sin las preceptivas autorizaciones.

El consejero mencionó que el resto de las líneas se centran en los derechos de las personas usuarias mediante la comprobación de las denuncias presentadas por deficiencias en la prestación de los servicios y productos contratados, así como en las actuaciones de información y asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de los titulares de empresas turísticas.

"Se seguirá combatiendo la clandestinidad", ha agregado el consejero, quien deja claro que "el que asegure que acabar con competencia desleal está en los inspectores de turismo estará generando falsas expectativas".

Por su parte, la diputada del PP Dolores Alarcón, ha recordado que la economía sumergida es uno de principales problemas de la oferta turística, especialmente en esta época de crisis.

Alarcón, que reconoció que "no es problema fácil", considera que "se debe trabajar para atajar los alojamientos sumergidos y no hacer nada conduce al descontrol absoluto, a despidos de trabajadores y al crecimiento de la economía sumergida, toda vez que esa competencia desleal afecta a la regularidad en el empleo".

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