El portavoz del PSOE del municipio malagueño de Cortes de la Frontera, Antonio Ruiz, ha denunciado que el alcalde de esta localidad, Antonio Granero —pendiente de un expediente de expulsión del PA—, convocó el pasado viernes un pleno urgente en el se aprobó un sueldo de 2.500 euros netos mensuales y con carácter retroactivo, lo que podría suponer un gasto aproximado de unos 6.000 euros mensuales.

Además, según explicó el portavoz socialista, también se aprobó el nombramiento de Antonio Guerrero (PA) como nuevo delegado municipal de Hacienda con dedicación exclusiva, lo que se estima que conllevaría otro gasto para las arcas municipales de entre 2.000 y 3.000 euros mensuales. Guerrero había abandonado el gobierno municipal y denunció ante la Fiscalía al regidor por presuntas irregularidades.

Ruiz ha recordado que hay "mucha gente" con problemas en el municipio, que tienen problemas para llegar a final de mes, por lo que hizo especial hincapié en la "inmoralidad" que supone que el equipo de gobierno apruebe este tipo de retribuciones para los ediles que lo conforman.

Además, ha denunciado los impagos del Consistorio a sus empleados, que llevarían tres nóminas sin cobrar, y las deudas que se siguen manteniendo con algunos de los vecinos que han realizado trabajos municipales. A ello habría que añadir los despidos de personal que desde las filas socialistas aseguran que se están realizando.

En este mismo sentido se ha pronunciado la concejala no adscrita, Sonia Ocaña, que estuvo en el gobierno municipal como delegada de Asuntos Sociales, y que se ha referido también a la "gran cantidad de personas que en Cortes de la Frontera tienen problemas para salir adelante cada mes". "Es lo más vergonzoso que ha pasado", ha aseverado, al tiempo que se ha mostrado "indignada" con la decisión adoptada por el alcalde.

Los socialistas han anunciado este lunes que van a iniciar acciones legales contra las decisiones aprobadas en Pleno, al tiempo que se van a solicitar medidas cautelares para que no entren en vigor, al considerar que algunos de los acuerdos son contrarios a la actual legislación española.

Este malestar no se ha circunscrito al ámbito político sino que varios vecinos convocaron mediante las redes sociales una protesta a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su desacuerdo con la decisión plenaria, a la acudieron unas 200 personas. Es más, al tener conocimiento de que el alcalde se encontraba en uno de los bares del municipio se desplazaron hasta las proximidades del mismo para realizar lo que algunos calificaron como un "escrache pacífico".