El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Martín, ha aplaudido que se haya derogado la ordenanza cívica, que en la pasada legislatura aprobaron PP y PSOE y que se hayan modificado las sanciones que recogía que ahora se aplicarán a otras tres ordenanzas en las que se fijará un suelo de 50 euros por conductas infractoras leves, que se reducirá a la mitad si se pagan antes de 30 días.

Si estas conductas infractoras afectan a Bienes de Interés Cultural (BIC) será de 750 euros, como los daños en monumentos y, en concreto, Martín ha citado las "pintadas de detrás de La Seo, que es una auténtica vergüenza" para defender que el Ayuntamiento de traslado a la Fiscalía las conductas que "sean muy graves, porque no puede salir gratis".

Estas sanciones se aplicarán a las ordenanzas de limpieza pública, zonas verdes y actividades publicitarias y se han aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda, aunque IU mantiene votos particulares que defenderá en el pleno por considerar "un coste excesivo" el suelo de la sanción.

En rueda de prensa, Martín ha explicado que la anterior ordenanza cívica, ahora derogada, establecía que por la deyección de un perro la sanción mínima era de 80 euros, mientras que pintar un graffiti con productos indelebles no tenía sanción, al igual que deteriorar un banco o una farola u orinar en la vía publicar, lo que a su parecer "era poco razonable que conductas reprochables se queden sin sanción".

UNIFORMIDAD

Con este nuevo marco sancionador "se fija uniformidad", ha indicado Martín, para apuntar que la cuantía económica del suelo de la sanción es de 50 euros a iniciativa del PP, pero si se abona antes de 30 días tendrá una reducción del 50 por ciento.

A su parecer, con esta nuevo marco sancionador "se introduce proporcionalidad y uniformidad", al estimar que el Ayuntamiento "tiene instrumentos suficientes para corregir actuaciones que van contra el interés público".

Tras esta exposición, ha incidido en que "nos alegramos de que las sanciones tengan un mínimo económico ante conductas inapropiadas en los bienes públicos".