Aparte del PP, el proyecto de ley fue rechazado por los principales aliados parlamentarios del Gobierno, IU-ICV y ERC, muy descontentos por la tibieza del texto. Ambas formaciones presentaron enmiendas a la totalidad con textos alternativos que también fueron rechazadas.

Humillación

Estos dos partidos consideran que el proyecto del Gobierno es insuficiente y una «humillación» para las víctimas de la dictadura. En este sentido, CiU y PNV avisaron ayer al Ejecutivo de que no darán su apoyo a la ley si no se lleva a cabo una revisión jurídica de las condenas dictadas nada más terminar la guerra civil.

Durante el debate, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega insistió en que la iniciativa es heredera del principio de concordia de la transición. Asimismo, aseguró que la ley pretende «saldar una deuda, la de la injusticia» con quienes «sufrieron violencia y persecución injustas».

Tras esta primera fase, se abre ahora un proceso de enmiendas parciales que podría prolongar la tramitación de la ley hasta el comienzo de 2007.

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Unos 30.000 desaparecidos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó ayer una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que pide que se investigue la desaparición de unas 30.000 personas durante los años de la guerra civil y la dictadura franquista. El abogado de la asociación, Fernando Magán, aseguró que la decisión responde a que este asunto, «que lleva latente desde hace cinco años, no está teniendo la acogida que merecería de las instituciones públicas» ni en la Ley de Memoria Histórica que se debatía ayer.

Seis años desenterrando el olvido

Desde el año 2000, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica trabaja para exhumar los cuerpos enterrados en fosas comunes, como ésta del pueblo burgalés de Olmedillo de Roa, en la que fueron localizados los cuerpos de ocho hombres en 2003.

Las posturas de cada partido

PSOE

Reparación: Las víctimas del franquismo o sus familiares podrán pedir una declaración individual de recuperación moral.

Fosas: Los gobiernos locales y autonómicos deberán facilitar la localización, identificación y exhumación de víctimas enterradas en fosas.

Pensiones: Los familiares de los fallecidos por causas políticas o sindicales recibirán pensiones. También se reconocerán por el tiempo pasado en batallones disciplinarios.

Brigadistas: Los miembros de las Brigadas Internacionales podrán conseguir la nacionalidad española sin necesidad de renunciar a la suya original.

Valle de los caídos: La ley prohíbe la celebración de actos políticos, de exaltación de la guerra civil o de la dictadura en el Valle de los Caídos.

ERC / IU

Juicios: Los dos socios parlamentarios del Gobierno presentaron ayer enmiendas para reformar el  proyecto. Su principal reclamación consiste en la anulación efectiva de los juicios sumarísimos del franquismo.

Esperanzas: Ambas formaciones consideran que el proyecto frustra las esperanzas de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, además de provocar una amarga decepción.

Presiones: El portavoz de ERC, Joan Tardá, acusa al Gobierno de haber «sucumbido» a las presiones de las altas esferas de las Fuerzas Armadas y la Judicatura para no anular estos procesos.

Equidistancia: Joan Herrera, de IU-ICV, criticó la «equidistancia» mostrada por el Gobierno al equiparar en la ley a las víctimas y a los verdugos.

PP

Torpedo: El portavoz de Justicia del PP, Manuel Atencia, asegura que la ley «torpedea la línea de flotación del régimen político democrático: la transición y el pacto constitucional».

Enfrentamiento: Para el presidente del PP, Mariano Rajoy, se trata de una ley desafortunada que está provocando el enfrentamiento entre los españoles.

No quiere ayudar: El portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, cree que la ley no persigue ayudar a nadie, sino tensar, crispar y reabrir un debate que nos habíamos comprometido a olvidar en 1978.

Tejana: El secretario de comunicación, Gabriel Elorriaga, considera que se trata de una ley que se aleja del sentir mayoritario de la sociedad española, que cree superados los enfrentamientos del pasado.

10.000 familias quieren localizar a sus muertos

Entre 500.000 y un millón de civiles murieron en la guerra. Setenta años después del final del conflicto, los estudiosos aún no tienen clara la cifra de muertos en la guerra. Sólo entre civiles,  oscilan entre las 500.000 y el millón de víctimas. La feroz represión que provocó miles de muertos en ambos bandos propició la confusión de datos.

Tras la victoria de Franco, el régimen emprendió un proceso que permitió la exhumación e identificación de los muertos del bando franquista. En el caso de las bajas republicanas, el trabajo está aún por hacer, recuerda Santiago Macías, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Dicha organización ha identificado hasta el momento a 800 de estas personas enterradas en 80 fosas comunes. Sin embargo, recuerda Macías, «sólo las solicitudes de localización de víctimas que nos han hecho directamente los familiares ascienden a 10.000». Pero el peso de este trabajo, prosigue Macías, no debería recaer sobre una asociación.