La Fiscalía de Málaga ha solicitado separar en nueve causas distintas el caso por las presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad malagueña de Almogía en el que están imputadas 28 personas, entre ellas el alcalde Cristóbal Torreblanca (PSOE). Además, insta a que se decrete el sobreseimiento provisional respecto de tres imputados.

En un informe de 25 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal del caso ha pedido al Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, encargado del caso, que para "simplificar y activar" el proceso se formen nueve piezas separadas con las distintas licencias supuestamente irregularidades concedidas de junio de 2005 a julio de 2008 en dicha localidad.

Así, el representante del ministerio público explica que en la mayoría de las licencias investigadas, aunque "no en todas", están imputados al menos el alcalde, el secretario y el arquitecto técnico municipal, pero señala que además en cada una de ellas hay otras personas distintas, como los diferentes solicitantes de estos permisos supuestamente ilegales.

También se indica que en otros casos los solicitantes están imputados por la construcción presuntamente irregular, pero "sin existencia de licencia urbanística" y por tanto "sin participación delictiva de ningún órgano del Ayuntamiento" y, en otras ocasiones, están imputados los arquitectos particulares o policías locales de Almogía.

Ante esto, para el fiscal, "no concurre" la conexidad delictiva, apuntando, además, en su informe que tampoco se da un requisito temporal, pues se ha investigado un periodo de tres años. Asimismo, entiende que se aconseja la tramitación de piezas separadas para "agilizar" no sólo la finalización de la instrucción sino también la fase intermedia y sobre todo el juicio oral.

Así, se insiste en que al ser licencias en distintas parcelas, con distintos imputados y con "peculiaridades diversas en la ejecución delictiva en cada uno de ellos", junto con "el volumen de las actuaciones y el alto número de imputados", aconsejan "un enjuiciamiento separado e independiente respecto de cada una de ellas", aunque se unirán los permisos concedidos a una misma persona.

Además, insta el sobreseimiento provisional de la causa para una funcionaria designada para la instrucción de expedientes sancionadores, al considerar que no adoptó decisión alguna sobre ninguno de dichos expedientes y las actuaciones fueron "de mero trámite". También se pide el archivo para el que actuó como secretario accidental y para un policía local.

Igualmente, pide que se archive el caso para los concejales, entre ellos el alcalde, pero sólo por la aprobación de los proyectos de actuación para la construcción de una vivienda en dos parcelas determinadas y se solicita que no se practique una comisión rogatoria a Argentina y se declare la prescripción del delito de falsedad en determinados proyectos y que se achacaba a un imputado.

Por último, solicita que se emita por parte de una inspectora un informe complementario a uno anterior en el que se aborde de forma individualizada cada una de las parcelas y en el que se haga constar la clasificación y calificación del suelo para el caso de que las normas subsidiarias no fueran eficaces al no estar publicadas; así como la posibilidad de legalización.